Jueves, 18 de enero de 2007
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Colectivos sociales expresan reservas ante el desarrollo de la ley de dependencia
Creen que no está garantizada la prestación pública ni la igualdad entre regiones, pero elogian el avance que supone
Colectivos sociales expresan reservas ante el desarrollo de la ley de dependencia
DEBATE. De izquierda a derecha, García Fonseca, Caicoya y Ponte, durante el coloquio. / SEVILLA
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La Red Ciudadana A Pie de Barrio reunió ayer en el Centro Municipal de La Arena a dos representantes del Foro Asturiano de Políticas Sociales (Manuel García Fonseca, ex-viceconsejero de Asuntos Sociales y el médico Carlos Pontes) y al presidente de la Fundación Alzheimer Asturias, Laureano Caicoya, para organizar una mesa redonda sobre la nueva ley de atención a las personas dependientes.

Los elogios fueron unánimes a la hora de saludar a la nueva norma como un «paso adelante trascendental» y «cuarta pata del Estado del Estado de Bienestar», junto a la sanidad, la educación y las pensiones. Sin embargo, la satisfacción está matizada no tanto porque el desarrollo completo se realizará durante ocho años, hasta el 2015, como por las incertidumbres que suscita el traslado a la práctica del texto legal. Por otra parte, se recuerda que España parte de una posición muy atrasada en gasto social respecto a los países más avanzados de Europa (una diferencia de ocho puntos del Producto Interior Bruto, dijo García Fonseca.

Sobre los defectos o temores que inspira la norma con vistas al futuro, García Fonseca destacó que la prestación de servicios parte de un sistema mixto que no está claro si sirve para empezar o será el modelo definitivo, con el riesgo adicional de que se aplique también a la sanidad o a la enseñanza. En segundo lugar, citó que el Estado sólo garantiza un nivel básico de prestaciones, que se complementa con otro nivel mediante convenio del Estado y las comunidades autónomas, y alcanza el tercer y máximo nivel con financiación exclusivamente regional. En esas condiciones, los intervinientes coincidieron en señalar que los ciudadanos de las comunidades autónomas más pobres pueden resultar discriminados.

En tercer lugar, García Fonseca criticó la fórmula del «copago» porque perjudica a los más débiles (los pensionistas, por ejemplo).

Carlos Ponte hizo hincapié en la necesidad de crear, para cumplir adecuadamente la nueva ley, una serie de espacios sociosanitarios en red, dentro de la Atención Primaria, y con centro de gravedad en torno al domicilio de los interesados. Desde un punto de vista más concentrado en la enfermedad de Alzheimer, Caicoya censuró la confusión ocasionada sobre el pago de compensaciones por la atención a dependientes en el entorno familiar, pero dijo que la ley es «buenísima, si se cumple».

Situación regional

Respecto a la aplicación de la nueva norma en Asturias, los participantes en la mesa redonda se mostraron poco optimistas, apoyados por datos como el alto envejecimiento de la población. «El Principado lo va a tener difícil» aseveró Caicoya, que criticó también la escasa participación que se concede a las organizaciones ciudadanas.

En el mismo sentido, García Fonseca explicó que, para dar cobertura a lo previsto en la nueva norma, Asturias necesitará, de aquí a 2015, duplicar las plazas en residencias, aumentar en 2.000 las plazas en centros de día y crear unos 5.000 puestos de trabajo para proporcionar ayuda a domicilio, así como extender la teleasistencia a 10.000 beneficiarios más.

 
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