La residencia para discapacitados psíquicos en proceso de envejecimiento promovida por la Asociación de padres y tutores de antiguos alumnos del Sanatorio Marítimo (Apta) en Cabueñes lleva más de un año construida -obtuvo la licencia de apertura municipal en febrero de 2006- y sin tener ningún tipo de uso. El equipamiento asistencial «se encuentra desaprovechado y muerto de risa», admite Fernando Urrutia, gerente de un colectivo solidario y empresarial que también regenta un centro especial de empleo repartido entre Somió y Roces con casi 300 trabajadores.
Detrás de esta anomalía hay un largo desencuentro entre Apta y la Consejería de Bienestar Social del Principado que impide cerrar un convenio satisfactorio para ambas partes y, de paso, provoca la mayor de las incertidumbres sobre el futuro de la instalación. Asociación y consejería discrepan abiertamente en el perfil que deben tener los usuarios de la residencia, con capacidad para 25 personas. Mientras la primera persigue ante todo la homogeneidad entre los residentes, con usuarios a partir de 45 años, problemas familiares y un grado de discapacidad moderada, la Administración regional se niega a subvencionar plazas -Apta pone 10 habitaciones, el 40%, a su disposición- en tanto no se admita en el centro a personas con grandes dependencias.
Según explica Urrutia, el modelo asistencial que Apta ha querido implantar en el barrio de Cimadevilla, en Cabueñes, se ha estudiado a fondo, con visitas a centros similares en otras comunidades autónomas y choca frontalmente con «la filosofía de geriátrico» que, a su juicio, defiende la consejería de Laura González. El dirigente de esta asociación de padres asegura que personas con minusvalías psíquicas en ciudades como Vitoria, Logroño y Madrid disfrutan de instalaciones en las que, sin llegar a una edad provecta, tienen sus necesidades básicas atendidas el tiempo que no están en el trabajo.
En realidad, el centro, tal y como lo ha concebido Apta en su reglamento de régimen interno, prevé que los residentes sólo duerman, cenen y desayunen allí. Durante los fines de semana, aunque quedarían unos servicios mínimos, la mayoría se reuniría con sus familias. «Lo que queremos ante todo es preservar la convivencia y mejorar la calidad de vida de algunos de los discapacitados que llevan años trabajando para nosotros y ahora malviven en pensiones hasta el punto de llevarse de cena el catering que sobra de las comidas que hacen en los centros de trabajo», señala Fernando Urrutia.
El gerente de Apta afirma que en estos momentos hay entre siete y ocho personas «en lista de espera» para formar parte de la primera remesa de residentes. «Si por la asociación fuera abríamos la residencia mañana mismo, pero lo que no podemos es tirarnos a la piscina sin tener asegurada la financiación», agrega. Los usuarios destinarían una parte de sueldo a su manutención diaria, pero los números no cuadran si el Principado no realiza su aportación.
Fuentes de la Consejería de Bienestar Social aseguraron ayer a EL COMERCIO que no se dan por cerradas las negociaciones, aunque reconocieron que el planteamiento de Apta «no se adecua en estos momentos» a sus necesidades asistenciales. «Estamos dispuestos a concertar plazas con ellos, pero siempre que se dé cabida a las personas que la nueva ley engloba dentro de las grandes dependencias», señalaron estas mismas fuentes, que además admitieron que va a ser «difícil» salir del actual 'impasse' que afecta a la residencia por la falta de demanda objetiva a corto plazo para el tipo de plazas que persiguen.
Ignacio Baizán, coordinador de Apta, explica que según los estudios realizados -los cuales obran en poder del Principado desde noviembre de 2004- deberían contratar a 11 personas, fundamentalmente cuidadores, para atender las necesidades de los internos. Los servicios externos de limpieza, mantenimiento y jardinería los seguirán realizando como hasta ahora chavales discapacitados del centro especial de empleo del Sanatorio Marítimo. «Lo que planteamos se acerca más a los pisos tutelados que a las residencias de ancianos», expone.
Traslado de talleres
Preocupados por la larga inactividad del centro, la directiva de Apta ha decidido «darle algo de vida» a las instalaciones con el traslado en febrero de dos centros ocupacionales que actualmente están agrupados en Roces.
«Cuanto más tiempo siga cerrada -con sus servicios de electricidad y calefacción sin uso- más prematuro será su envejecimiento», asegura Baizán. Estos talleres procuran en la actualidad formación integral a 40 chavales, algunos de ellos recién salidos de aulas de educación especial y con problemas de interrelación personal. Se trata de la antesala a su normalización laboral.
Para acoger los centros ocupacionales, la residencia no sufrirá cambios y las habitaciones ni se tocarán. Se aprovecharán dos módulos que habían quedado sin distribución en el centro residencial de 150 metros cuadrados cada uno. Esas serán las aulas y luego los chavales harán uso de las salas de estar y televisión, así como del comedor, que ese sí deberá ampliarse porque se concibió para un máximo de 25 plazas.
