La historia se repitió un día más y, pasadas las diez y cuarto de la noche, agentes vestidos de paisano pidieron a los encerrados en el polideportivo de la Laboral que abandonaran las dependencias educativas apenas media hora después de haber finalizado el horario escolar. Pero en esta ocasión eran bastantes más que en días anteriores. La sospecha de que ayer pudiera ser el último encierro para dar entrada a Thyssen el día uno de febrero, aunó los esfuerzos de todos y cerca de 200 personas se dieron cita en la Laboral.
Y ello a pesar de que un escrito en la puerta prohibía la entrada al centro de Formación Profesional, «excepcionalmente», a «personas, alumnos y profesores» que no tuvieran clase en la tarde de ayer. Prohibición que fue sorteada por propios y extraños, desde miembros de Fapas hasta representantes de ANPE, SUATEA y CC OO, hasta reunir un número de encerrados mayor que cualquier otro día. Todos ellos participaron en la decisión de continuar hoy con el encierro, así como en la convocatoria de una sentada, básicamente estudiantil, para las 11.15 horas, momento de asueto en la jornada matinal de los alumnos. A la misma hora, los profesores mantendrán una asamblea para estudiar nuevas movilizaciones.
Pero la actividad ya comenzó por la mañana, cuando la Junta de Personal Docente no Universitario mantuvo una entrevista con el director, José Antonio Álvarez, en la que pretendían obtener una respuesta que no llegó. Las dudas sobre si hoy los alumnos podrían volver a la Laboral o no hizo que durante toda la jornada de ayer los profesores y los representantes de sindicatos intentaran obtener explicaciones tanto desde la dirección del centro como de la Consejería de Educación, pero las gestiones fueron infructuosas. De ahí que la Junta de Personal mantenga duras críticas a la «falta de planificación». Su presidenta, Beatriz Quirós, tachó de «ilegal» el traslado, al haberse producido una «modificación, de forma unilateral, de las condiciones laborales del profesorado», pero fue más allá al afirmar que «esta gravísima situación sienta un precedente peligroso: es la primera vez que un centro de enseñanza pública se ve cedido a una empresa privada, algo que no había pasado en ningún sitio de España».
Por su parte, Maxi Fernández, de FETE-UGT, defendió que «los ciclos formativos deben seguir aquí» y confirmó que «no estamos de acuerdo con la forma de proceder de la consejería. Tenía que haber guardado las formas».
