LA propuesta del mediador Martti Ahtisaari sobre el futuro estatuto de Kosovo ha sido acogida con los previsibles recelos por los dos protagonistas concernidos. Aunque la decepción albanokosovar parece menos discrepante que la oposición mostrada por el Gobierno de Belgrado, al interpretar éste que el proyecto supone, implícitamente, el fin de su soberanía sobre el territorio. Pero esa resistencia y las dificultades para alcanzar una solución que satisfaga a ambas partes, con ser importantes, no deberían llevar a la mediación internacional a renunciar a sus esfuerzos para propiciar la negociación entre Belgrado y Pristina.
El enquistado enfrentamiento sobre Kosovo repercute tanto en la conformación del nuevo Gobierno moderado en Belgrado como en las complejas relaciones de la UE con Rusia y en la propia configuración interna de la Unión. Los serbios temen que, pese a las precauciones semánticas del documento presentado por Ahtisaari y la supervisión de una autoridad internacional, la independencia de la provincia acabe consumándose avalada por el reconocimiento de Estados Unidos y de importantes estados europeos. De producirse, sería la consecuencia de que los albanokosovares no admitan continuar formando parte de una realidad llamada Serbia y de que los serbios no estén dispuestos a conceder a Kosovo un estatus de amplio autogobierno.
En cualquier caso, resulta un despropósito que ya hoy haya quien advierta con temor o pretenda con oportunismo la inevitable extensión del ejemplo de una eventual independencia kosovar a países de la UE. Porque sería inadmisible la traslación de la hipotética independencia en un caso tan límite como el de Kosovo a estados de la Unión con realidades diversas que conviven en el marco de democracias consolidadas.
