La investigación del tráfico de explosivos previa al 11-M ¿se limitó a Asturias o, por el contrario, fue de ámbito nacional? Esa es la cuestión de fondo sobre la que tendrá que declarar en el juicio que se seguirá por los atentados de Madrid el 'número dos' de la Comandancia de la Guardia Civil de Oviedo. La cuestión no es baladí porque desde el arranque de las investigaciones sobre el 11-M la labor de las fuerzas de Seguridad en Asturias quedó en entredicho y puso de manifiesto numerosos errores, sobre todo en materia de coordinación.
Al comandante jefe de Operaciones, Francisco Javier Jambrina, le corresponderá demostrar en la vista oral que la descoordinación, si la hubo, también trascendió los límites geográficos de la región. En concreto, el comandante Jambrina será citado como testigo por el abogado del marroquí Rafá Zouhier, con el fin de que aporte datos sobre si conocía o no los informes de la Unidad Central Operativa (UCO). Según varios de los autos que obran en la causa, Zouhier transmitió a los agentes que coordinaban su labor que en los primeros meses de 2003 José Emilio Suárez Trashorras y Toro «habían ofrecido la posibilidad de obtener sustancias explosivas y detonadores a quien estuviera interesado».
El marroquí, también procesado por los atentados, puso a disposición de la UCO toda la información que tenía. Para el abogado de Zouhier, este testimonio es clave en su defensa, pero la declaración de Jambrina constituye también una descarga de responsabilidad para las fuerzas de Seguridad en Asturias en todo este asunto. Al tratarse de dos sospechosos asturianos, la UCO contactó con la Comandancia ovetense, que planteó crear un equipo de trabajo e investigación mixto. Sin embargo, la UCO, cuyo coronel jefe es Félix Hernando, se negó a dedicar recursos porque consideraba que la investigación no excedía el ámbito asturiano. Y ello a pesar de que Zouhier recibió, siempre según sus declaraciones, la oferta de Toro y Trashorras en Madrid.
De hecho, en su declaración ante el juez instructor del 'caso Pipol', Zouhier contó cómo los dos avilesinos habían ido a Madrid a ofrecer explosivos, y no sólo a él, «sino a todos los marroquíes que conocían, a toda la gente que conocían. Iban a la discoteca y decían que tenían explosivos», señaló Zouhier, quien añadió que, como ambos los «iban ofreciendo a cara descubierta», en ese momento no les creyó.
Más aún, a raíz del enjuiciamiento del 'caso Pipol' quedó constancia de que Toro viajaba también con cierta frecuencia al sur de España y a Galicia.
Destrucción de datos
La falta de coordinación entre la UCO y la Comandancia de Oviedo dejó sin consecuencias las denuncias del confidente Zouhier. Ahora se sabe, además, que un subordinado del coronel Hernando intentó que Jambrina destruyera un documento que demostraba oficialmente, y no sólo por los testimonios del confidente, que la UCO estaba al tanto de los movimientos de la trama asturiana de Trashorras y Toro y que así se lo hizo saber a la Comandancia de Oviedo en un informe que data del 6 de marzo de 2003.
Según desveló 'El Mundo', seis días después de la comparecencia de Hernando ante la comisión parlamentaria del 11-M, el segundo jefe de la comandancia de Asturias recibió una llamada reclamando que destruyera ese documento determinante para la Guardia Civil de Oviedo. Sobre todo si se tiene en cuenta que Hernando, en su comparecencia ante el Congreso, aseguró que no actuaron contra Toro y Trashorras porque «la investigación era de ámbito local, reducido a la Comunidad Autónoma de Asturias».
Textualmente, porque así consta en los autos del 11-M, Jambrina se molestó cuando le pidieran que se deshiciera del documento «y le puse a parir», dijo al juez Del Olmo cuando le interrogó en la Audiencia Nacional. Jambrina no sólo no lo destruyó, sino que lo conservó. La nota recogía datos sobre dos individuos asturianos, Antonio Toro y Emilio -más tarde se sabría que se trataba de Emilio Suárez Trashorras-, que intentaban vender explosivos en Madrid, comprar armas cortas y largas, encargar la eliminación de una persona y traficar con cocaína y hachís.
Entre los miembros de las fuerzas policiales que comparecerán en el juicio destaca también el nombre del inspector Manuel García Rodríguez, ex jefe del Grupo de Estupefacientes de la Comisaría de Policía de Avilés. Manuel García ya declaró en varias ocasiones ante el juez Juan del Olmo porque tenía como confidente en asuntos de drogas a José Emilio Suárez Trashorras.
Agentes del CNI
Junto a Manuel García, serán llamados a declarar varios miembros del Servicio de Información de la Comisaría de Policía de Avilés que mantuvieron un encuentro con Trashorras seis días después de los atentados. Cuando la pista sobre los explosivos llevó a Asturias, y por ende a Trashorras, ocho agentes le interrogaron a él y a su entonces esposa, Carmen Toro Castro, para ver qué sabían de los marroquíes que habían perpetrado el atentado. Entre los policías y guardia civiles había agentes del CNI, expertos en investigación sobre ETA y miembros del servicio de Información de la comisaría avilesina que serán llamados a declarar en calidad de testigos.
