«Todo se podía haber solucionado hace dos años y medio si el Ayuntamiento de Gijón hubiera tomado medidas contra una más que evidente ilegalidad, pero optó por inhibirse y ahora se están viendo las consecuencias». Los vecinos de Sotiello que, desde hace más de tres años, se oponen a la construcción de un circuito de velocidad junto a sus casas, muestran con esas palabras su indignación con lo que, entienden, ha sido una completa dejadez por parte del Consistorio en relación con la mencionada instalación deportiva.
El anuncio realizado por el promotor, Rafael Riva, de que, definitivamente, no se llevará adelante el proyecto no les ha tranquilizado. Seguirán adelante en su lucha administrativa y legal hasta reclamar no sólo una paralización del proyecto, sino también la aplicación de sanciones a todas las personas e instituciones que, entienden, no han respetado las leyes «que, se supone, tienen que ser iguales para todos».
Un colectivo integrado por veinte familias formó hace unos años la Plataforma de Vecinos de Sotiello contra el circuito y, desde entonces, iniciaron una batalla legal que, hasta el momento, se ha concretado en dos contenciosos contra el Ayuntamiento de Gijón que, opinan, con su permisividad con el mencionado circuito es el primer responsable de la zozobra que vienen viviendo en los últimos años.
Fermín Suárez y Miguel Álvarez, miembros de la citada plataforma, expusieron a EL COMERCIO sus puntos de vista sobre el circuito de Sotiello, acompañados por el abogado Antonio García González, del despacho Llana, Bobes y Cossío, que defiende sus intereses en los tribunales.
Así, recuerdan que fue a principios de 2003 cuando empezaron a tener referencias de la intención de construir un circuito de velocidad en la zona y consultaron al Ayuntamiento, a través de la edil de Deportes, María Teresa Ordiz, de la que no lograron, dicen, ninguna respuesta satisfactoria. La preocupación fue creciendo, aseguran, cuando comprobaron que se estaba realizando movimiento de tierras en la zona, se cerraban caminos públicos o reparcelaciones que consideraban ilegales. El Ayuntamiento hacía oídos sordos por lo que, finalmente, el 19 de julio de 2004 presentaron la primera denuncia formal en el Ayuntamiento. «En esta denuncia -señaló el abogado de los vecinos- se hacía un relato preciso de los hechos, de todas las ilegalidades que, entendíamos, se estaban cometiendo, pero, de nuevo, no se nos hizo ni caso. Así, hubo otras tres denuncias posteriores, el 11 de agosto de 2004, el 10 de setiembre de 2004 y el 19 de julio de 2005 y, al final, paralizan las obras en una resolución de diciembre de 2005 amparándose en los vertidos del metrotrén que se hicieron en la escombrera de Arcelor. Además, durante todo ese periodo, se celebraron hasta cuatro pruebas oficiales, en alguna cobrando entrada, y hasta llegó a ser convocado un Campeonato de España de Motocross. Todo eso, los responsables del circuito lo hicieron sin tener licencia y en medio de la incredulidad de los vecinos».
Seguir «en guardia»
Tampoco están muy contentos los vecinos de los vertidos de los lodos del metrotrén, que fueron paralizados después de varios meses de trabajos, en mayo de 2005 por el Ayuntamiento. Todas estas denuncias, plasmadas en cinco resoluciones, se encuentra en la tramitación de un contencioso contra el Consistorio gijonés que, en opinión de los vecinos, «aplicó el sistema de la huida hacia delante para dar cobertura a los responsables del circuito. ¿Dicen que no los han ayudado? Pero si el propio promotor reconoce que no tiene licencia, ¿dónde están las sanciones? Ahora no vale dar la espantada y decir que se va. Se han hecho atrocidades y alguien tendrá que responsabilizarse. Han jugado con nosotros durante cuatro años».
Los representantes de los vecinos están convencidos de que, de no ser por su oposición, el circuito ya sería una realidad y ahora, con los problemas puestos sobre la mesa, ni el Gobierno del Principado ni el Ayuntamiento de Gijón, donde los tres grupos políticos apoyaron el proyecto, se atreven a dar el paso de paralizarlo de forma definitiva. Por ello, aseguran que seguirán «en guardia» para controlar cualquier tipo de movimiento.
