Vecinos de San Andrés de los Tacones celebraron ayer una multitudinaria asamblea caracterizada por el aumento de la tensión generada en la parroquia por el proyecto de Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (ZALIA). Dos asuntos ocuparon la mayoría de las intervenciones. Por una parte, se informó del último viaje a Bruselas para exponer el problema a representantes del Parlamento Europeo. Por otra, algunos vecinos se mostraron decididos a denunciar en los juzgados a los agentes que, en nombre de ZALIA, les visitan con el objetivo de adquirir sus fincas, debido a que entienden que les presionan más allá de lo que permiten las normas sobre comercio.
Los vecinos de San Andrés de los Tacones consideran que el proyecto de la ZALIA no se está desarrollando en el orden correcto. ¿Si hay proyecto, por qué no hay estudio de impacto ambiental? ¿Si no hay proyecto, qué sentido tiene provocar en la parroquia el temor a una expropiación?
La interpretación vecinal es que el objetivo es coaccionar a los propietarios para que vendan sus fincas, sin garantía alguna de en qué van a ser empleadas, ya que falta el proyecto.
Así las cosas, el portavoz Jesús Fernández piensa que los métodos pueden ser ilegales y, por lo tanto, judicialmente denunciables y penables. Pero, paralelamente, los vecinos seguirán reclamando en el Parlamento Europeo el estudio de impacto ambiental preceptivo para determinar si San Andrés de los Tacones es el mejor sitio posible para un proyecto como el de la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias y, si se realiza un estudio serio imparcial que así lo decida, Jesús Fernández está convencido de que los vecinos de la parroquia aceptarán el resultado, «porque no estamos contra el progreso».
Viaje
Del último viaje a la capital belga, los vecinos llegaron bastante satisfechos. «Obtenemos allí lo que aquí nos niegan, que es atención y comprensión a tenor de nuestro planteamiento. Lo único que pedimos es que se cumpla a rajatabla la normativa, que para eso está», dijo Fernández.Y añadió: «Para intervenir en el Pleno del Ayuntamiento de Gijón tuvimos que reunir 31.000 firmas y, sin embargo, es probable que podamos explicar nuestro caso en el Parlamento Europeo sin reunir ninguna».
