Vivimos tiempos de presiones en un mundo globalizado en torno a grandes corporaciones capitalistas como el actual. En nuestros días, el dilema filosófico se ha transformado en una pregunta que todo gobernante tiene la obligación de responder ante sus ciudadanos: ¿negocio o servicio público? Esa es la opción, el dilema que marca la dimensión de nuestros problemas actuales. Esa pregunta de carácter general se puede formular de muchas otras formas concretas: ¿'pelotazo' o vivienda?, ¿educación o adoctrinamiento?, ¿economía productiva o manipulación informativa?
La pregunta de estos días en Madrid, y mañana en Asturias si gobierna el PP, sería: ¿negocio o salud? La respuesta a la pregunta marca la diferencia entre una política cuyo objetivo es facilitar la vida de los ciudadanos y otra política centrada en que lleguen a fin de mes los más poderosos. La vida es el principal bien que tenemos. La salud es esencial para la calidad de nuestra vida. La sanidad pública, gratuita, universal, es la encargada de proteger nuestra salud. Así de sencillo para quienes, además de la vida, poseemos pocas cosas más. Un trabajo, una familia, tal vez una vivienda o un coche y muchos afectos y solidaridad para alimentar nuestras ansias de vivir.
El Sistema Nacional de Salud es un digno heredero del sistema de Seguridad Social, que, como todos sabemos, se sostiene con los recursos de los trabajadores y empresarios a través de las cotizaciones sociales. Con la diferencia de que los empresarios repercuten este coste en el precio de los productos que terminamos pagando los trabajadores como consumidores finales, mientras que los trabajadores pagamos las cuotas de la Seguridad Social descontándolas de nuestros salarios.
Durante años, y hasta tiempos muy recientes, el sistema sanitario público se ha desarrollado gracias al esfuerzo realizado por los trabajadores españoles con sus cotizaciones a la Seguridad Social. Cuando la sanidad pública adquirió carácter universal y su coste desbordaba y comprometía el futuro de la Seguridad Social, hasta el punto de que se recaudaba menos de lo que se gastaba, los sindicatos, el Gobierno y los empresarios adoptamos la decisión de separar las fuentes de financiación para que la sanidad fuera sostenida con recursos procedentes de los Presupuestos Generales del Estado.
A partir de este momento, el futuro de las pensiones se ha despejado notablemente y se ha podido generar un fondo de reserva para evitar riesgos futuros. No obstante, las grandes inversiones sanitarias estaban realizadas. Tras las transferencias de la sanidad pública desde el Estado a las comunidades autónomas, CC OO ha reiterado su voluntad de que un cambio de partido político de Gobierno en el Estado o las diferentes comunidades no debe suponer en ningún caso un deterioro en la calidad de la sanidad ni cambio alguno en su carácter público, gratuito y universal.
La sanidad es una preocupación pública, un asunto de Estado que exige máximo acuerdo político y el más amplio consenso social para abordar cualquier transformación que pueda afectar al modelo, a la gestión o a las relaciones laborales. Acuerdo que ha rehuido permanentemente el Gobierno regional del PP de Madrid, que ha procedido a restar inversiones en sanidad pública para incrementar indiscriminadamente los recursos destinados a la sanidad privada.
Las fórmulas son muchas y variadas. El incremento de conciertos con la sanidad privada, la compra de intervenciones quirúrgicas o pruebas diagnósticas en hospitales privados, la construcción de nuevos hospitales con capital privado de constructoras, financieras consultoras y empresas de servicios que gestionarán los futuros hospitales y que terminarán constándonos tres veces más que si los pagásemos y gestionásemos con recursos públicos.
Un caso muy sangrante que dice a las claras cuál es y será el modo de actuar con los servicios públicos donde gobierna el PP es el modelo neoliberal de Gabino de Lorenzo, que es, de facto, quien dirige al Partido Popular en Asturias, que viene haciendo en Oviedo lo que literalmente va hacer Esperanza Aguirre en el Hospital de Valdemoro de Madrid, construido sobre suelo público cedido por su Gobierno y que será propiedad de una sociedad capital-riesgo estadounidense, Apax-Partners. El hospital nace, como no podía ser de otra manera, con un beneficio asegurado como hospital concertado con la Consejería de Sanidad madrileña. El último paso tras el reforzamiento de la sanidad privada en Madrid es la conversión de los actuales hospitales públicos en empresas. Un paso que rompe el marco de relaciones laborales y que prepara su completa privatización.
La modificación que ha acometido la Consejería de Sanidad madrileña en tan sólo tres años de Gobierno de Esperanza Aguirre es tan profunda que rompe la unidad de todos los trabajadores sanitarios en España, quiebra el carácter público de la sanidad madrileña y separa a Madrid del Sistema Nacional de Salud, propiciando, además, que haya ciudadanos de primera y de segunda y cuestionando la gratuidad de la asistencia sanitaria. El camino de Margaret Thatcher en Inglaterra al privatizar los hospitales públicos ha demostrado sus debilidades. Lo privado termina siendo más caro y la calidad del servicio sanitario se deteriora. Los efectos no tardan en verse y en Gran Bretaña hoy la preocupación por las muertes producidas por infección contraídas por bacterias a causa del deterioro de la limpieza de hospitales y quirófanos ocupa muchas páginas en la prensa y produce más de 50.000 afectados y cientos de muertes.
La sanidad es nuestra, en Asturias y en Madrid. Por eso es necesario responder a todas las agresiones del sistema con absoluta firmeza.
