Cataluña ha apostado claramente por que el nuevo modelo de financiación redefina los actuales mecanismos de solidaridad. La Generalitat cree, en este sentido, que es conveniente realizar una distribución más equitativa de los recursos financieros de las comunidades para recompensar a las autonomías que realizan un mayor esfuerzo fiscal y propone que las regiones que más se benefician del principio de solidaridad, como es el caso de Asturias, asuman una pérdida gradual de la misma, lo que permitiría -dicen- garantizar la viabilidad económica del sistema. Estas son algunas de las propuestas recogidas en el informe remitido por la Consejería catalana de Economía al Consejo de Política Fiscal y Financiera, en respuesta a la petición cursada por el Gobierno a todas las autonomías. Sólo Cataluña y Andalucía aceptaron esta invitación del Ministerio de Economía.
En su estudio, remitido a Madrid el pasado mes de diciembre, Cataluña alerta ante del actual «desequilibrio fiscal que se produce entre las comunidades y el Estado. Así, las autonomías sólo disponen de un 20% de los ingresos impositivos y gestionan un 32% del volumen total del gasto público». El informe advierte que la actual distribución de los ingresos impositivos no tiene en consideración la cesión de las competencias a las regiones ni la evolución de las bases tributarias.
De la misma forma, señala que la concepción actual del fondo de suficiencia conduce a resultados «erráticos». Para alterar esta tendencia, Cataluña solicita la definición de un criterio «explícito» de solidaridad, al tiempo que denuncia que las variables y ponderaciones utilizadas para determinar las necesidades de gasto de cada comunidad son de «difícil justificación». De la misma forma, asegura que los recursos de las autonomías no evolucionan de acuerdo con sus necesidades de gasto. A juicio del Gobierno catalán, esto conduce a mecanismos de solidaridad «opacos» y desincentivadores, puesto que sostienen que las comunidades que realizan un mayor esfuerzo fiscal, como la propia Cataluña, disponen, después de la aplicación de los mecanismos de nivelación, de unos recursos per capita inferiores a la media.
La Generalitat considera que las autonomías carecen de «suficiente» autonomía financiera por tener una capacidad normativa «muy reducida en algunos impuestos y nula en otros», y una capacidad de gestión «muy limitada». Asimismo, avisa de la «carencia de mecanismos de coordinación» entre las administraciones y el incumplimiento continuo del principio de lealtad institucional.
La propuesta de Cataluña coincide con el avance que esbozó a finales del año pasado el secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Carlos Ocaña, quien anunció la intención del Gobierno de atender la demanda de aquellos territorios que han sufrido una mayor inmigración en los últimos años. Si bien reconoció la «escasa» capacidad de maniobra del Ejecutivo para ofrecer «recursos adicionales», considera que la reforma del sistema pasará por hacer a las autonomías «corresponsables del gasto» y ofrecerles más capacidad normativa, tal y como reclama el Ejecutivo catalán. Por si fuera poco, Ocaña coincide con la reflexión de Cataluña sobre la necesidad de incluir los mecanismos actuales de solidaridad y nivelación territoriales, porque los actuales son, para Ocaña, «poco transparentes y difícilmente evaluables».
Aplicar el 'Estatut'
«Nuestra prioridad es aplicar el 'Estatut'». De este modo resume el consejero de Economía catalán, Antoni Castells, el planteamiento puesto sobre la mesa del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Su propósito es corregir las deficiencias que presenta el actual modelo, lo que se traduciría en un incremento de la autonomía tributaria de la Generalitat -aumentar la capacidad normativa sobre impuestos como el IRPF y el IVA en su fase minorista-, además de una mayor capacidad de gestión, con la creación de la Agencia Tributaria de Cataluña y el Consorcio Tributario con el Estado.
El PP ha utilizado políticamente el contenido del 'Estatut' para denunciar un «desequilibrio» territorial. Castells considera que el modelo propuesto en el texto estatutario «es beneficioso para Cataluña y para el resto de comunidades», entre ellas Asturias. «Siempre es más positivo que una comunidad pueda financiarse principalmente a través de sus propios ingresos y no dependa en exceso de las subvenciones», explica el consejero catalán, que apuesta por un modelo que «no desincentive a las autonomías más dinámicas».
El Gobierno catalán cree imprescindible redefinir los mecanismos de nivelación para redefinir el principio de solidaridad. Así, los servicios prestados por los diferentes gobiernos autonómicos «deberán poder alcanzar un nivel similar si realizan también un esfuerzo fiscal similar». Es decir, aquellas comunidades que quieran ofrecer a los ciudadanos los mejores servicios públicos deberán asumir mayores responsabilidades tributarias y no depender de la aportación del Estado, con una financiación procedente de otras regiones. Este criterio, según Cataluña, se aplicaría en el caso de los servicios de educación, sanidad y servicios esenciales del Estado del bienestar.
Castells traslada otro mensaje claro: Cataluña asume que los territorios que realicen un esfuerzo fiscal mayor deben contribuir a la solidaridad, «pero sin que ésto signifique que, después de la aportación, sus ingresos se sitúen por debajo de la media».
El tercer eje sobre el que pivota la propuesta de Cataluña hace alusión a la capacidad fiscal de los territorios. El Gobierno del 'tripartito' plantea que las necesidades de gasto se calculen sobre «ponderaciones más adecuadas». Por ese motivo, reclamarán la aplicación de criterios como la inmigración o el mayor nivel de precios de algunas comunidades.
En el caso de que estas medidas supusieran un aumento de recursos para determinadas autonomías, se prevé una aplicación gradual para evitar perjudicar a otros territorios, explica. Cataluña cree que una aplicación progresiva es la «clave para asegurar la viabilidad financiera del sistema».
La Generalitat no quiere que sus reivindicaciones se perciban como una imposición, pero recuerda que el 'Estatut' prevé dos ámbitos de negociación: bilaterales y multilaterales. Asturias -recuerda- estará bien representada en la mesa de diálogo, como también lo estará cuando llegue la hora de revisar la LOFCA. Por ese motivo, Castells quita importancia a que Asturias se presente a la negociación sin tener en marcha la reforma estatutaria como ocurre en el caso de Cataluña.
