SI seguimos a este ritmo, habrá un espía por cada persona. No quiero decir con esto, que no es más que una aproximación estadística, que los espías no sean personas. Sin duda lo son, aunque sumamente desagradables. Hay un proyecto de ley por el cual nuestro zarandeado Gobierno establece la obligación de los operadores de internet y de telefonía de conservar durante un año todos los datos sobre las telecomunicaciones. También se creará un libro-registro, que pronto tendrá el tamaño del Espasa, que recoja la identidad de los compradores de las tarjetas prepago de móviles. El Gran Hermano nos vigila y pronto habrá periscopios en el bidé.
La culpa de que el ámbito privado se haya hecho público, según nos cuentan, es de las bandas terroristas y de las mafias organizadas, que han estudiado electrónica. Los malhechores acumulan datos y más datos, ya que han tenido la precaución de reclutar a especialistas en comunicación y lo saben todo acerca de cada uno de nosotros, incluso de los que sólo somos sospechosos de no infundir la menor sospecha.
Una merma de la privacidad y por lo tanto una derrota de la teoría liberal-democrática, cuyos principios exigen, según aquel español que tuvo que pasarse la vida fuera de España llamado Salvador de Madariaga, «una sociedad de ciudadanos ilustrados que posponen sus intereses inmediatos e inferiores a sus intereses ulteriores y más altos, que son los que coinciden con la colectividad». Distinguía don Salvador entre la democracia como fin y como método. Aquí nos están fallando ambas cosas. No sólo en esta lejana provincia del Imperio. El FBI está siendo acusado de un creciente número de extralimitaciones en sus pesquisas antiterroristas sin permiso judicial. Para combatir el terrorismo quizá no sea necesario aterrorizarnos a todos.
