Dos multinacionales, la siderúrgica Arcelor y la fabricante de amortiguadores Tenneco Automotive, han sido condenadas en las dos últimas semanas a indemnizar a sendos trabajadores que contrajeron cáncer en sus puestos de trabajo por no tomar las medidas adecuadas para prevenir la enfermedad. Arcelor y su subcontrata Reymosa, en la que el operario prestaba sus servicios, tendrán que abonar al afectado -enfermo de cáncer por el contacto con el amianto- un 30% más en la pensión mensual que recibe, de 2.136 euros, desde el 30 de enero de 2002 y mantener este incremento de por vida. Por su parte, Tenneco Automotive y la aseguradora Insurance tendrán que indemnizar con 95.600 euros a un trabajador gijonés que contrajo cáncer por el contacto con el níquel y el cromo en el desarrollo de su actividad.
Ambas sentencias han reabierto el debate sobre la prevención de riesgos en las empresas y el sistema de detección de las enfermedades profesionales. Las estadísticas del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales revelan que, en 2006, los empresarios de la región comunicaron 789 bajas laborales por enfermedades asociadas al desarrollo de la actividad profesional. El dato representa una caída del 31,1% con respecto al año 2005, en el que se contabilizaron 1.145 patologías de origen profesional.
Ahora bien, pese al descenso, el director del instituto, Manuel Couto, matiza que las cifras «no responden a una reducción del número de casos, sino a que muchos no salen a la luz porque se tratan como contingencias comunes». En este contexto, el Gobierno regional ha puesto en marcha el Plan de Salud, Seguridad y Medio Ambiente Laboral 2007-2010, con el que prevé mejorar la detección de las enfermedades laborales. Para ello, contará con la colaboración de los profesionales del Servicio de Salud del Principado (Sespa) que harán saber en el parte de baja si hay posibilidades de que la patología de sus pacientes está relacionada con las condiciones laborales en el centro de trabajo. «De este modo, con datos epidemiológicos, la Administración tendrá un conocimiento más exacto de los problemas más frecuentes y podrá adoptar estrategias para combatirlos», afirma Couto.
No obstante, el plan regional no es la única medida que servirá para hacer aflorar las enfermedades de trabajo que permanecen ocultas. El pasado 1 de enero entró en vigor un Real Decreto que adapta a la realidad productiva actual la lista de enfermedades profesionales vigente desde hace 28 años.
La normativa recoge nuevas sustancias susceptibles de producir enfermedades profesionales y amplía las tareas de riesgo. Así, incluye nuevos cánceres producidos por la inhalación de polvo de amianto, trastornos músculo-esqueléticos derivados de posturas forzadas y movimientos repetidos y enfermedades de la piel. Además, y por primera vez, se reconocen los nódulos en las cuerdas vocales por los esfuerzos que realizan con la voz profesores y teleoperadores.
Hasta su entrada en vigor, los empresarios asturianos tenían la obligación de comunicar a la Autoridad Laboral -la Consejería de Justicia- las enfermedades profesionales que se producían en sus compañías. A partir de ahora, esa responsabilidad también se extiende a las mutuas, que tendrán que notificar este tipo de patologías a la Dirección General de la Seguridad Social. Asimismo, la norma recoge la posibilidad de que los médicos puedan comunicar la existencia de enfermedades profesionales a la Inspección Médica y a la mutua de la empresa. La razón, según el Gobierno central, es que las patologías no afloran por las «deficiencias en la notificación, ya que no existe una vinculación suficiente con el profesional médico».
Con todas estas iniciativas, el Gobierno asturiano confía, junto con los sindicatos, en que se identifiquen un mayor número de patologías, ya que, en su opinión, «éste es el verdadero problema en materia de Seguridad y Salud Laboral». No en vano, los expertos -médicos de trabajo, epidemiólogos, investigadores y técnicos- sostienen que las muertes por enfermedad profesional triplican e, incluso, cuadruplican los fallecimientos por accidentes mortales en el tajo. Siguiendo ese criterio y teniendo en cuenta que 41 trabajadores perdieron la vida el año pasado, la cifra de muertes por enfermedad profesional podría elevarse hasta las 164.
No obstante, un estudio elaborado por el Instituto Sindical del Trabajo, Ambiente y Salud de CC OO concluye que el número de víctimas podría ser mayor. Basándose en la metodología utilizada para los estudios epidemiológicos, el sindicato se ha acercado lo más posible a la realidad asturiana. De este modo, sostiene que, en 2004, 546 trabajadores pudieron perder la vida por enfermedades profesionales, por lo que Asturias se convierte en la región con mayor porcentaje de fallecidos, con un 14,01% frente al 9,03% nacional. Según el secretario de Salud Laboral de CC OO en Asturias, Jeremías Dos Santos, «el amianto es la sustancia que más muertes provoca».
