CON muy pocas horas de diferencia fueron detenidos esta semana que termina en la provincia de Granada dos concejales, uno del PP y otro del PSOE, desconocidos entre sí pero ambos con la misma responsabilidad pública, la gestión del urbanismo en las localidades de Alhendin y Armilla, y por lo que se sospecha, con la misma vocación: lucrarse gracias a sus cargos. La noticia apenas trascendió fuera del ámbito provincial porque a estas alturas de la legislatura de la corrupción urbanística hechos así, predestinados no hace tanto tiempo a causar un gran escándalo, empiezan a perder interés periodístico.
No consigo saber cuántos alcaldes, concejales o responsables de Urbanismo enfrentan ahora mismo en nuestro país cuentas con la Justicia o acusaciones fundadas de diferentes variedades de corrupción en el ejercicio de sus funciones. Desde luego que son muchos. Todo un motivo de preocupación social y por supuesto un elemento de bochorno para la clase política. El mapa de la corrupción se extiende por toda España: empieza en Canarias y acaba en el País Vasco. Casi ningún partido llega a las elecciones de mayo sin el estigma que le ha proporcionado algún desaprensivo en el que había puesto su confianza.
La lacra de la corrupción municipal es sin lugar a dudas una de las mayores preocupaciones entre los españoles. Bien es verdad que las batallitas cotidianas que buscan en la crispación de la sociedad rentabilidad electoral más rápida la eclipsa con frecuencia. Los partidos la utilizan como arma arrojadiza que a menudo se les vuelve en contra. No estar libre de culpa, aunque sea en menor gravedad, dificulta la denuncia y la crítica. Pero el problema está ahí y en vez de abordarlo con decisión, los partidos intentan soslayarlo reivindicando la presunción de inocencia de sus miembros y así minimizan el primer impacto, o recurriendo al y tú más que pueda desviar el dedo acusador hacia el adversario.
Craso error. Los partidos, tan necesitados últimamente de alguna inyección de prestigio, deberían ser los primeros interesados en aclarar las sospechas y depurar las responsabilidades en que hayan podido incurrir sus militantes. La actividad municipal -correcta en muchos municipios, por supuesto- está bajo dudas que deben ser despejadas con decisión y energía. Tanto el PSOE como el PP -y no sólo-, deberían dejarse de argumentaciones que a nadie convencen y emprender una operación conjunta de limpieza en los ayuntamientos. El momento es ahora en que se están confeccionando las listas de candidatos.
Los partidos, que muchas veces saben perfectamente quiénes entre los suyos dan muestras de flaqueza ante el señuelo del dinero fácil, tendrían que ser especialmente drásticos y escrupulosos al elaborar las listas que van a proponerles a los electores. Sacar sin ningún tipo de condescendencia ni gratitud por los servicios prestados a quienes ofrezcan dudas fundadas y miren con lupa los nuevos nombres a incorporar. La honradez debe ser, y más en las circunstancias actuales, un factor fundamental a tener en cuenta, no el único pero sí uno de los más importantes. El mal ejemplo y la creencia de que la política local es una vía rápida al enriquecimiento deben ser desterrados.
Para empezar, y visto lo que estamos viendo, el negocio de la construcción, con todas sus variantes y ramificaciones debería ser incompatible con la política. Ya sé que eso sería inconstitucional, que no hay ninguna razón para discriminar a los constructores en nada que afecte a la vida pública y que muchos hacen aportaciones sociales muy dignas, pero los partidos que tienen en sus manos elegir a los futuros gestores de la administración local casi más que los propios votantes, si deberían cuidar al máximo que quienes decidan y quienes se beneficien de las decisiones no estén ni juntos, ni revueltos ni siquiera cerca.
