Resulta preocupante e indignante la manipulación y tergiversación que se hace en el ámbito político / mediático de hechos, que por su gravedad deberían ser tratados con responsabilidad y transparencia. Me refiero en concreto al tan manido caso Carnero y Morala.
Por parte de los afectados y su entorno se promovió una campaña de culpabilización a Izquierda Unida y su portavoz 'Churruca', que tiene toda la pinta de ser una «vendetta personal», pues jurídicamente no se sostiene y sindicalmente es atacar a la única organización que tiene un comportamiento inequívoco en defensa de los intereses de los/las trabajadores.
El Ayuntamiento, del cual IU es socio minoritario de gobierno, aunque recibe todas las culpas, deja claro con documentos en la mano -incluida la sentencia- que no presentó denuncia contra los sindicalistas y si valoración de daños ocasionados en un bien público a través de un funcionario, ante la policía nacional. Posteriormente, invalidó cualquier consecuencia jurídica de dicha personificación aunque la Fiscalía no lo tuvo en cuenta.
Pues esto que se ha explicado por activa y por pasiva sólo sirve para que se continúe haciendo campaña 'exclusivamente' contra IU, acusándola, además, de oportunista.
Lo que es curioso es que los difamadores están integrados por los más diversos elementos dispares: PP, PCPE, Plataforma Verde y otros personajes pintorescos. Ello debería hacer reflexionar a Carnero y Morala sobre los compañeros de viaje que tienen.
Pero lo serio y grave -aparte de este manipulado linchamiento- es la condena que se ha dictado por defender los puestos de trabajo,en una comarca tan castigada como Gijón.
Y, al margen de que muchos no compartimos las prácticas sindicales de la CSI, no se puede admitir una sentencia de este calibre.
Y aquí está la clave del problema: una legislación que, aplicada a movilizaciones sociales, convierte a los trabajadores/as que defienden exclusivamente sus intereses laborales en terroristas. Hay más ejemplos en recientes movidas sindicales a escala nacional.
Y estas leyes tienen responsables políticos concretos, que son PSOE y PP, no Izquierda Unida, pues no apoyó en el Parlamento de Madrid estas medidas represoras .
Lo demás es matar al mensajero y no buscar compañeros de viaje leales que luchen para que no se repitan estos casos y pelear conjuntamente para corregir una injusticia en la historia sindical de esta ciudad. Un saludo.
