LA multitudinaria manifestación convocada por el Partido Popular que ayer recorrió el centro de Madrid tras el lema «España por la libertad. No más cesiones a ETA» puede señalar un antes y un después para la política española; para el gobierno que preside Rodríguez Zapatero, pero también para la formación liderada por Mariano Rajoy. Durante los años de democracia nunca un partido político se había decidido a convocar una manifestación por su cuenta. Tampoco nunca se había expresado con tanta rotundidad el rechazo de una parte importante de la sociedad a la política de un gobierno en materia anti-terrorista. Es probable que el PP decidiera adelantarse con la cita de ayer para evitar que fuesen otros los convocantes y verse conminado a secundar su llamada. Pero con el paso dado asume una responsabilidad que no se disipa por el éxito de la manifestación. Y la asume respecto al sosiego que requiere la vida pública y el respeto que merecen las instituciones del Estado. La reiterada proliferación de inadmisibles alusiones al presidente y la convocatoria de concentraciones ante legaciones de España en otros países constituyeron ayer los detalles broncos, impropios de una vivencia tolerante de la democracia y del sentido de Estado con el que ha de conducirse toda formación que aspira a gobernar. La gran incógnita que se abre ahora es cuál será el comportamiento futuro de los dos principales protagonistas de la confrontación. Si el Ejecutivo optará por corregir el fondo o la forma de su estrategia ante ETA. Y si el Partido Popular devolverá la diatriba suscitada de la calle al parlamento, sin dejarse llevar por la inercia de la movilización permanente ni pretender la exclusiva en «la defensa de la nación española», que Rajoy identificó como motivo principal de su iniciativa.
La prisión atenuada concedida por el Gobierno a De Juana Chaos para evitar que la salud de éste entrase en un estadio terminal ha causado una honda conmoción en miles y miles de españoles. Una conmoción que va desde la indignación mostrada por la mayoría de las víctimas del terrorismo hasta la incomprensión y la desazón sentidas por muchos ciudadanos. El fondo del asunto es que una resolución adoptada acorde a la ley es percibida por una buena parte de la sociedad como un acto de injusticia para con las víctimas de De Juana Chaos y del terrorismo en general, y entendida como una cesión del Ejecutivo frente a la presión ejercida tanto por el citado preso como por ETA. Es éste un hecho incontestable que el gobierno de Rodríguez Zapatero no debería imputar en exclusiva a la tenaz oposición ejercida por el Partido Popular, ni achacar toda la confusión que afecta al caso a una desinformación gestada intencionadamente. Porque de la misma manera que puede haber votantes del PP que se sientan preocupados por el abismo abierto entre la formación con la que simpatizan y el Gobierno de España o por la implacable oposición ejercida desde el partido de Rajoy, seguro que hay votantes socialistas que consideran que el gobierno pudo gestionar de otra manera la crisis provocada por De Juana Chaos.
La democracia representativa coloca sobre las espaldas del gobierno de turno una responsabilidad sensiblemente mayor que la que corresponde a la oposición en cuanto a los consensos básicos que requiere la política. El presidente Rodríguez Zapatero, o bien incurrió en el error de contemplar alegremente el distanciamiento con el PP a la hora de administrar el tiempo del alto el fuego anunciado por ETA pronto hará un año, o bien optó deliberadamente por orillar al Partido Popular, muchos de cuyos dirigentes estuvieron desde el primer momento dispuestos a secundarle en dicho afán. Por razonable que resulte objetar de la estrategia popular en cuanto que excesiva, tanto en el juicio de intenciones a que viene sometiendo al Gobierno y a otras instancias del Estado constitucional, como en el señalamiento de supuestas concesiones de ese mismo gobierno a la trama etarra, es evidente que por lo menos hasta el atentado de la T4 el Ejecutivo socialista contempló la discrepancia del PP como una oportunidad para dejar al primer partido de la oposición fuera de juego. Y, con posterioridad a dicho atentado, ni ha podido ni ha querido remediar tal situación.
Si la decisión sobre De Juana obligó a que la sociedad entera tuviera que decantarse a favor o en contra de la medida, la movilización de ayer extrapola la disyuntiva emplazando a los ciudadanos a optar entre el Gobierno actual y otro del Partido Popular. Es lo que los propios dirigentes populares han querido significar en los últimos días. Pero por legítimas y comprensibles que sean las aspiraciones del PP, lo que puede ser más reprochable es una traslación tan inmediata de la discrepancia en materia anti-terrorista, aunque sea tan rotunda, a un plano abiertamente electoral.
Entre otras razones porque España cuenta con un gobierno legítimo al que corresponde dirigir la lucha contra ETA. Y sería enormemente pernicioso para la democracia y para un pronto final del terrorismo alentar sensaciones de vacío frente al reto común de acabar de una vez con la barbarie.
