Al consejero de Industria, Graciano Torre, no le ha gustado que la plantilla de la fábrica de loza de San Claudio le acusara de actuar con pasividad y le adjudicara el papel de «árbitro» ante la situación de crisis de la centenaria factoría. Dijo ayer que ha hecho «más que muchos» y señaló directamente a los representantes de los trabajadores: «Yo no he oído a nadie del comité de empresa presentar un plan de viabilidad y es la única manera que yo entiendo que hay para contribuir a salvar una fábrica. Porque no conozco ninguna que, con pérdidas de 400.000 euros al año, siga abierta».
Torre enumeró ayer los pasos a los que se comprometió y los que ha cumplido para evitar el plan anunciado por el dueño, con el despido del 89% de la plantilla y el desvío de la producción al extranjero. Desde el anuncio, la Consejería ha hablado con el empresario, le instó a que hiciera otros planes de viabilidad y «explicamos al comité la visión de la consejería sobre cómo salvar la empresa, mejorando la productividad y la calidad».
De su función en el futuro prefirió no especificar mucho aunque abrió la puerta, hasta ahora cerrada, de las ayudas económicas públicas. «La Administración siempre está dispuesta a apoyar planes de viabilidad que ayuden a seguir manteniendo la actividad económica de las empresas. Lo que no hace el Gobierno del Principado -dijo abiertamente- es nacionalizar empresas».
También se mostró molesto por las críticas a su opinión en torno a la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) de la fábrica, promovida por la plantilla y el Ayuntamiento. El viernes le acusaron de no preocuparse por el futuro de los puestos de trabajo ni de la marca, «sólo» de que los terrenos donde se asienta la factoría estuvieran disponibles para pagar indemnizaciones en caso de cierre. «Yo lo único de lo que alertaba es que la declaración de BIC trae una serie de condicionantes para un plan de viabilidad o un plan de cierre», aclaró.
