El consejo de administración del Sporting ha recuperado el control del club. Manuel Vega-Arango y su equipo rector ya no necesitan de la autorización y firma del economista-auditor Celestino Suárez Viñuela, el abogado Antonio González-Busto y el inspector de Hacienda Juan Miguel González para realizar operaciones económicas. El flamante titular del Juzgado de lo Mercantil, Alfonso Muñoz, así lo determinó ayer mediante un auto que hizo llegar a las partes. Y ello supone que la entidad, desde el punto de vista administrativo, vuelve a la normalidad perdida en junio de 2005, cuando se declaró al Sporting en concurso necesario de acreedores, con una deuda de 50,7 millones de euros, y el entonces juez Javier Antón Guijarro designó a los tres administradores que, desde ese instante, han participado de forma activa en el día a día del club.
Los interventores han tenido papel protagonista en el desarrollo de un proceso que vive sus últimos capítulos, tras la aprobación del convenio que fijará el pasivo de la entidad en 29 millones de euros y que en breve será aplicado. Su primera actuación fue redactar el informe en el que se enumeraban las causas que condujeron al Sporting a la situación de quiebra técnica (una incorrecta gestión económica, la inadecuada capitalización de la sociedad, una exagerada y carísima estructura de personal y una insuficiente planificación deportiva) y también la línea de actuación a seguir para asegurar la viabilidad del club centenario (una regulación de empleo, la negociación del convenio en los términos más ventajosos que permita la ley, un convenio singular con Hacienda y profesionalizar la gestión económica y de personal).
Férreo marcaje
Desde que Antonio González-Busto y Celestino Suárez Viñuela, primero, y Juan Miguel González, después, aceptaron sus cargos, el consejo presidido por Manuel Vega-Arango se vio sometido a un férreo marcaje. Tanto es así que todos los días, a las diez de la mañana, los administradores, unas veces uno y otras otro, telefoneaban a la Escuela de Fútbol de Mareo para hablar con el director general, Alfredo García Amado, y acordar las actuaciones de la jornada.
Manuel Vega-Arango y los administradores -estos por medio de su informe concursal, con fecha de noviembre de 2005- siempre destacaron el buen entendimiento y colaboración entre las partes. De hecho, los interventores recomendaron al entonces titular del Juzgado de lo Mercantil de Oviedo que mantuviera en sus cargos al consejo de administración, teniendo en cuenta «el ámbito extraordinariamente singular del fútbol profesional» y también el que «siempre hemos obtenido la mejor colaboración de quienes han sido nuestros interlocutores», recogieron Suárez Viñuela, González-Busto y Juan Miguel González en su informe.
El juez tardó cinco meses en pronunciarse sobre si mantenía o apartaba al consejo de administración de la gestión del club. En el auto con fecha de 11 de noviembre de 2005, Antón Guijarro habló de la «ineptitud» de los rectores del Sporting, pero, aun así, decidió que siguieran, reservándose la opción de cambiar de opinión en cualquier momento.
Ahora, veintiún meses después de que se iniciara la intervención judicial, otro juez, esta vez Alfonso Muñoz, devuelve al consejo la gestión del club. No obstante, Manuel Vega-Arango y su equipo todavía deberán someterse a una última valoración por parte de la administración concursal. A los interventores, que desde ayer tienen un plazo de un mes para presentar en el Juzgado de lo Mercantil una remisión de cuentas, se les solicitará en breve la redacción de un informe con la calificación del concurso. Es decir, se pedirá a Antonio González-Busto, Celestino Suárez Viñuela y Juan Miguel González que se pronuncien sobre si el Sporting llegó a la situación de quiebra técnica de forma fortuita o si, por contra, existen indicios de culpabilidad. Los administradores juzgarán pues la labor de los consejeros desde junio de 2001. La pena a la que se enfrentan, en caso de un fallo desfavorable para los rectores del club, es la inhabilitación, de dos a quince años, para administrar bienes ajenos.
En la sombra
Pese a que se retiran de la actividad diaria del club, los interventores judiciales seguirán vinculados al Sporting. Tras el auto de ayer del juez, el consejo recupera su autonomía de forma inmediata, pero deberá rendir cuentas de forma periódica a la administración concursal, que velará por el cumplimiento del convenio que fue aprobado, con el voto favorable del 70% de los acreedores, en octubre del pasado año. Así, Antonio González-Busto, Celestino Suárez Viñuela y Juan Miguel González serán parte del Sporting durante los próximos cinco años.
