Algunos de los propietarios de los bares más veteranos de Pumarín comparan al Ayuntamiento con el perro del hortelano, que «ni come ni comer deja». Las protestas de vecinos del barrio por el ruido y las peleas -que achacan al amplio horario de apertura de estos establecimientos- han provocado que el Consistorio cierre el puño de las licencias. Los residentes de la zona que trabajan en oficina de ocho a tres han recibido la noticia encantados, pero los que se ganan la vida vendiendo cafés y copas se plantean, incluso, tomar medidas legales.
Es el caso de Kine Bint, la dueña de dos de los pubs más conocidos del barrio: El Montecito y El Rodeo. Es este último, que abrió sus puertas por primera vez en el año 2003, el que le está trayendo más quebraderos de cabeza.
A primeros de diciembre, el Ayuntamiento la obligó a cerrar el bar y a realizar las obras de insonorización oportunas. Kine, una más del grupo de hosteleros que se ha reunido en varias ocasiones con los vecinos en busca de una solución, obedeció. En poco tiempo, el local cumplió los requisitos exigidos por la ley. Hasta la calle de Joaquina Bobela se acercaron los técnicos municipales, sonómetro en mano, para comprobarlo. Todas las mediciones dieron los resultados esperados.
«Sin embargo, cuando todo estaba en orden y fui a por mi licencia al Ayuntamiento, me dijeron que existía un informe firmado por el edil Jaime Reinares, en el que pedía una medición nueva, ya que se habían producido algunas denuncias verbales por parte de los vecinos», recuerda. Kine comenzó entonces a dejar de entender las razones consistoriales: «¿Qué protestas va a haber si el local estaba cerrado desde antes de la insonorización?».
De nuevo, la Concejalía de Medio Ambiente visitó Pumarín para comprobar que los decibelios que podía emitir El Rodeo eran los permitidos: «Y el aparato -dice- volvió a darme la razón».
Desde entonces, se acerca periódicamente a las dependencias municipales en busca de su licencia: «Me dicen que sólo falta la firma del concejal, pero llevo así más de dos semanas. Pago Seguridad Social, la licencia, los impuestos y tengo mi negocio cerrado. Si esto no se arregla pronto, mi abogado me ha aconsejado que tome medidas legales».
Otros no tienen su aguante. Lourdes Santos también aceptó hacer las obras que le exigían para mantener abierto El Viajero Feliz. Tenía que abrir dos puertas y construir un falso techo. «El problema es que los mismos que me mandaban hacerlo, no me daban la licencia de obra», protesta.
Traspasos y abandonos
Finalmente, traspasó el local «porque me multaron con 30.000 euros por tener música amplificada en el bar. ¿Cómo iba a pagar esa cantidad? Lo que tenía era un equipo de música como el que tienes en casa, y dos televisiones». La actual dueña del establecimiento, asegura Lourdes, «continúa esperando a poder comenzar los trabajos de remodelación».
Los hosteleros recuerdan que «a nadie le interesa más que el barrio vaya bien y sea seguro que a nosotros». Muchos, como Kine, han reforzado la seguridad en sus locales y prohíben la entrada «a los que ya van pasados de copas, como propusieron los vecinos».
Sin embargo, se consideran cabezas de turco: «Deberían tener en cuenta que abrimos mucho menos tiempo del que nos permite la licencia de bar». Kine entiende sólo una parte de las quejas: «Hay muchos a los que habría que preguntarle qué es lo que realmente les molesta: el ruido o los inmigrantes».
