Asturias no es tierra apetecible para los emigrantes. Su escueto mercado laboral convierte el Principado en una de las comunidades autónomas con menor índice de inmigrantes de España, con una presencia que apenas llega al 3% y que la sitúa palmariamente alejada de la media nacional, cifrada en el 9%. Pero ello no quiere decir que su presencia, cargada de tonos, nacionalidades, colores y culturas no se deje percibir en cualquier localidad asturiana desde Oviedo hasta Llanes. El problema es que a falta de trabajo regular se mantiene un elevado número de empleos sumergidos.
«El proceso de normalización ha sido positivo, pero la persistente diferencia entre los extranjeros empadronados y las personas documentadas continúa siendo preocupante alta. Actualmente hay alrededor de unas 6.000 personas en situación irregular en Asturias, incluso con la entrada de Rumanía y Bulgaria en la Unión Europea», afirmó Ángeles Alegre, quien calificó la cifra de «estable» toda vez que es la misma que en 2005.
No obstante, la secretaria de Política Social de Comisiones Obreras anunció que «a pesar de que nuestra economía no es atractiva, vamos a crecer, no nos vamos a quedar en ese 2,81% de inmigrantes, porque si siguen viniendo es porque encuentran trabajo y así lo demuestran esos 6.000 empleos de economía sumergida».
Señala Alegre que por encima del control de fronteras «la inmigración no comunitaria continúa llegando a nuestro país y si se quedan es porque encuentran una forma de ganarse la vida, aunque carezcan de documentación. Los puestos que ocupan existen, lo que indica el enorme vigor de la economía sumergida, que, a nuestro entender, es el verdadero efecto llamada. Es un problema muy complejo, porque las personas del mundo pobre emigran igual, ajenos a las legislaciones, porque se niegan a pasar hambre legal o ilegalmente».
Recordó la secretaria de Política Social que el incremento de inmigrantes es lento, pero permanente. «Los datos oficiales apuntan a que el año pasado había en Asturias 30.258 inmigrantes, de los que más de 12.000 estaban dados de alta en la Seguridad Social y 9.000 no eran comunitarios», indicó, antes de hacer un nuevo llamamiento a la Administración para que «facilite un servicio como el que estamos realizando. El trabajo que realiza el CITE, Centro de Información a Trabajadores Emigrantes, no es de nuestro ámbito, es algo que debería de hacer la Administración, quien informaran deberían de ser ellos».
