Finalmente no hubo acuerdo y la Ley de Coordinación de Policías Locales saldrá adelante con la exclusión de la segunda actividad. El grupo parlamentario de IU se quedó sólo en la defensa de esta iniciativa, reclamada por los sindicatos, ante la oposición mostrada por el PP y el PSOE. Ante esta circunstancia, la coalición considera que la normativa que aprobará el Pleno de la Junta el próximo día 23 «cumple con sus objetivos en un 80%».
El motivo es que la normativa quedará un tanto «mutilada» por la supresión de los artículos que aluden a la segunda actividad. A este respecto se pronunció ayer el consejero de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, Francisco Javier García Valledor. El dirigente de IU ahonda en la división que vive el pacto de gobierno en Asturias y critica al PSOE por haber prestado su apoyo «a alguna enmienda del PP» sobre la segunda actividad que, a su juicio, «no tiene mucho sentido».
«No entiendo por qué se regula para el Cuerpo Nacional de Policía y para la Guardia Civil y parece que se oponen a que se regule para los Policías locales», aseveró el consejero.
Mientras el PP se expresó siempre en contra de aceptar la inclusión de la segunda actividad en el texto definitivo, los socialistas pusieron distintas condiciones que, según un representante de la coalición, «hacían imposible pensar en su desarrollo».
Costes adicionales
Tampoco hubo acuerdo con el PP sobre el tema económico. El documento, que será debatido el jueves 23 en la Junta General, reconoce a los ayuntamientos la capacidad de negociar los costes adicionales que tendrá la aplicación de la ley en sus presupuestos. Este compromiso, tal y como se pactó en la ponencia técnica, será recogido en una enmienda transaccional donde se recoge que las partidas económicas que serán destinadas a los municipios se debatirán en el ámbito de la cooperación local y serán recogidas en los presupuestos del Principado.
El grupo parlamentario popular pedía que la Administración regional asumiera el 100% del sobrecoste. «No podía entenderse que hubiera barra libre», aseguran fuentes de la negociación, que descalifican la actuación de algunos dirigentes populares que han mostrado su oposición a la normativa «cuando en sus ayuntamientos están aplicando el nivel C que piden los policías locales, pero no tienen la categoría».
