Agentes de la Policía Judicial francesa, en colaboración con agentes de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, detuvieron ayer por la mañana en la localidad gala de Hendaya a los presuntos miembros de ETA Marcos Sagarzazu Oyarzabal, Ignacio Telletxea Goñi y Francisco Javier Irastorza Dorronsoro, a los cuales se les atribuye atentados en Gijón contra el Palacio de Justicia, en noviembre de 1996, y la farmacia de la familia de la alcaldesa, Paz Fernández Felgueroso. Los arrestos se produjeron por orden del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que les acusa de la colocación de tres pequeñas bombas en Valencia en 1995 que apenas provocaron daños, tras rectificar su doctrina desfavorable a las entregas cuando hay denuncias de torturas en España, como las registradas en torno a este comando.
Estas detenciones se produjeron sólo veinte días después de que la Audiencia Nacional absolviera a tres ex jefes etarras juzgados por haberles dado órdenes y medios materiales para cometer los tres atentados incruentos de 1995 que les son imputados. Sin embargo, el Ministerio del Interior difundió una nota oficial en la que atribuye a su comando la comisión de tres asesinatos -un agente de policía nacional en la localidad navarra de Endarlaza, una mujer en el El Corte Inglés de Valencia y el ertzaina Ramón Doral en Irún- y de otra veintena de atentados. En ambos actos terroristas no hubo que lamentar ninguna víctima, aunque sí cuantiosos daños materiales como en el caso del Juzgado de Gijón que, por aquel entonces, todavía permanecía pendiente de inauguración.
Según la orden europea de detención firmada en enero de 2006 por Grande-Marlaska, la captura de los tres activistas, que ya no vivían en la clandestinidad y cuya dirección era conocida por la Policía desde 1997, es exclusivamente por pertenencia a banda armada, tres delitos de estragos terroristas y tenencia de explosivos.
De hecho, la Audiencia Nacional sólo les imputa la colocación el 13 de julio de 1995 de un pequeño artefacto en la Autovía del Mediterráneo a su paso por la localidad valenciana de Sagunto; otra bomba de un kilo de amonal y amerital que estalló el 14 de julio de ese mismo año en la playa del puerto de Sagunto; y un último artefacto que explosionó el 15 de agosto de 1995 en la carretera que une Valencia con Zaragoza a su paso por la población maña de María de Huerva.
Por contra, el tribunal no les atribuye de momento la responsabilidad sobre el atentado perpetrado contra el Palacio de Justicia de Gijón, en Poniente, y la farmacia que entonces regentaba el difunto esposo de la alcaldesa, Paz Fernández Felgueroso, en la calle de Manuel Llaneza.
Fuera de la clandestinidad
Las detenciones fueron practicadas entre las siete y media y las ocho y media de la mañana por agentes de la Policía Judicial de Bayona, de su Brigada de Investigación e Intervención (BRI) y de la dirección interregional de Burdeos en colaboración con sus colegas españoles de la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía. Telletxea fue arrestado en la calle Pasteur de Hendaya, donde reside, y Sagarzazu a la salida de su domicilio en la calle Behobie de la misma localidad fronteriza. Irastorza fue interceptado cuando se dirigía a su trabajo en San Juan de Luz.
Según el sumario judicial, las bombas con las que se vincula a estos terroristas fueron fabricadas por Juan María Insausti, 'Karpov', y Edurne Sánchez del Arco, entonces responsables de formación, mientras que Julen Atxurra, 'Pototo', jefe de logística, ordenó la confección y dio los materiales necesarios. La orden final fue impartida por Asier Oiartzabal, 'Gazte', y Marixol Iparragirre, 'Anboto', a la sazón dirigentes de los 'comandos legales' y actualmente encarcelados en Francia. Los tres primeros fueron juzgados por esta causa en la Audiencia el pasado 19 de febrero y absueltos cuatro días después. «No se encuentra en la actividad probatoria llevada a cabo en el acto del juicio nada que permita llegar a la conclusión de que alguno de los acusados se haya puesto de acuerdo con cualquier otro miembro ETA para la colocación de los explosivos señalados», indica la sentencia.
Un tribunal de Bourges rechazó hace un año el argumento esgrimido por la defensa de que las acusaciones se basaban en confesiones de la presunta etarra Iratxe Sorzabal obtenidas mediante torturas. Los abogados recordaban que la corte de Pau había fundamentado en esa sospecha la negativa a extraditar, en mayo de 2003, a Irastorza y Sagarzazu, ahora de nuevo encarcelados, por otros atentados del 'comando Ibarla'. Los jueces de Bourges alegaron que no les correspondía pronunciarse sobre la manera en que fueron obtenidas las pruebas pues, a diferencia de la extradición, el mecanismo de la euro-orden se basa en la confianza mutua entre países democráticos. Este criterio fue validado el pasado 5 de abril por la sala de lo criminal de la Corte de Casación (Tribunal Supremo).
Tres asesinatos
Los tres detenidos, que serán entregados a España si así lo autoriza el Tribunal de Apelación de Pau, sólo podrán ser juzgados en la Audiencia Nacional por estas tres causas. No obstante, Interior, que no hizo mención de los tres únicos delitos que les imputa Garzón, informó que a los tres activistas se les atribuye ser miembros del 'comando Ibarla' de ETA entre 1994 y 1997, autor de una veintena atentados y de tres asesinatos. La Audiencia considera que participaron en la colocación en diciembre de 2004 de un artefacto en un cuartel de la Guardia Civil en la localidad navarra de Endarlaza que provocó la muerte del policía nacional Eduardo López Moreno Tuerto.
Un año después, pusieron cinco artefactos en el edificio de El Corte Inglés de Valencia, causando la muerte de Josefina Corresa Huerta y heridas a otras doce personas. En marzo de 1996, según Interior, este mismo comando asesinó al ertzaina Ramón Doral con una bomba-lapa en los bajos de su coche.
