El diputado del Partido Popular Luis Peláez compareció ayer ante el magistrado José Manuel Buján en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Estaba citado en relación con la querella que el Gobierno regional interpuso contra él por supuestas calumnias e injurias. Peláez, que apenas hizo declaraciones a la salida de los juzgados, considera que la querella «es insostenible» y prometió que «una vez que todo se haya acabado, haremos declaraciones. De momento, vamos a dejar que el proceso hable por sí mismo».
La polémica se remonta al 1 de junio de 2005, cuando Peláez instó a la Fiscalía a investigar de oficio «presuntas irregularidades» en la gestión del control del lobo desde 2003 y acusó de permitirlas a la Viceconsejería de Medio Ambiente y a la Dirección General de Recursos Naturales.
La viceconsejera de Medio Ambiente, Belén Fernández, quien declaró ayer como testigo, sostuvo a la salida del juzgado que las presuntas irregularidades denunciadas por Peláez «podrían calificarse como una sarta de mentiras y una retahíla de infundios muy graves», y pidió que «esto no quede impune, porque sería lamentable».
«Desde el Principado, hemos entendido que no vale cualquier forma de hacer política», aseveró Fernández. Y añadió que las del acusado «son declaraciones que bien podrían calificarse como atentados contra el honor y la dignidad tanto de funcionarios como de responsables públicos». La Administración regional considera que «estas palabras no podían quedar impunes», aunque también dijo entender que «Peláez está crispado, porque no le salen las cosas como pretende».
