Los presuntos miembros de ETA Marcos Sagarzazu, Francisco Javier Irastorza e Iñaki Telletxea, detenidos anteayer en Francia y acusados de integrar el 'comando Ibarla' al que se atribuye la colocación de dos bombas en Gijón en noviembre de 1996, declararán el próximo martes ante el Tribunal de Apelación de Pau (Francia), que tiene que decidir si concede la euro-orden por la que entregaría a los detenidos para ser juzgados en la Audiencia Nacional española.
De prosperar el requerimiento del juez Baltasar Garzón, sin embargo, no podrían responder por los atentados contra el Palacio de Justicia de Poniente y la farmacia que regentaba el marido de la hoy alcaldesa, Paz Fernández Felgueroso, ya que sólo podrán ser juzgados por los tres delitos que les imputa Garzón, por atentados cometidos en 1995 en la Comunidad Valenciana.
La defensa de los tres presuntos etarras solicitó ayer al Tribunal de Apelación de Pau su puesta en libertad, asunto sobre el que resolverá el martes ese órgano judicial. Para ese mismo día está fijado el examen del caso de la euro-orden, pero la representación legal de los detenidos va a solicitar un aplazamiento de la vista sobre este asunto, para disponer de más tiempo para preparar sus alegatos. Normalmente los tribunales franceses no se oponen a este tipo de peticiones.
La actuación habitual de los miembros de ETA arrestados en Francia y sobre los que se solicita una euro-orden desde España es dilatar al máximo el proceso para retrasar la entrega. Por ello, aunque el órgano judicial de Pau decidiera poner a Sagarzazu, Irastorza y Telletxea a disposición de la Audiencia Nacional, lo más probable es que éstos recurrieran el fallo ante el Tribunal Supremo. Éste, a su vez, tendría un plazo de 40 días para resolver el recurso y su pronunciamiento ya es inapelable.
Atentados de 1996
Las bombas colocadas el 3 de noviembre de 1996 supusieron la primera acción terrorista de ETA en Gijón. Un fallo en el mecanismo impidió que estallara la que el comando había adosado a una cristalera de la farmacia del ya difunto Daniel Palacio, pero la que puso en el Palacio de Justicia, con 20 kilos de amonal, llegó a explotar y provocó cuantiosos daños materiales.
