PSOE y PP sumaron ayer sus votos para rechazar una proposición no de ley de IU que instaba al Gobierno a elaborar un calendario para la retirada de las tropas de Afganistán. Los principales partidos, que mantienen diferencias de fondo sobre la naturaleza de la misión y el conflicto que sufre el país asiático, apostaron por mantener la presencia militar. El Partido Popular ofreció incluso apoyo al Gobierno para aumentarla.
El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, basó su petición de repatriar a los soldados en que su presencia en Afganistán es «contradictoria» con la política exterior del Ejecutivo socialista, en especial con su propuesta de Alianza de Civilizaciones. Para la coalición de izquierdas, en Afganistán no hay distingos entre misiones humanitarias y de reconstrucción y las operaciones de combate para luchar contra la guerrilla talibán. Eso ha hecho, explicó, que las tropas se vean «involucradas en combates», cada vez «de mayor intensidad» que nada tienen que ver con la misión que les encargó el Parlamento.
El portavoz socialista, Jesús Cuadrado, rechazó esos argumentos y señaló que quien tiene que decidir cuándo deben regresar los soldados no es Izquierda Unida, sino «las Naciones Unidas». Según Cuadrado, este organismo ha decidido que las tropas deben permanecer allí «al menos hasta el 13 de octubre de 2008» en tareas «de apoyo al pueblo afgano». Para el PSOE, es importante la presencia de los militares para que los talibanes, que «quieren 'iraquizar' Afganistán», no tengan éxito.
Guerra
El portavoz del PP, Fernando López-Amor, dedicó parte sustancial de su intervención a subrayar que en Afganistán hay «una guerra» en la que participan los efectivos españoles. «Somos partidarios de que tengamos el número de efectivos necesarios para garantizar la seguridad», subrayó el parlamentario del grupo de la oposición, que exigió a su homólogo socialista que «no tenga ese complejo de 'progre' acartonado de decir que ahí hay paz y que estamos bajo mandato de la ONU, cuando los militares están en un despliegue operativo de la OTAN, y bajo un mando internacional de la OTAN».
La comisión acogerá el próximo 28 de marzo la visita del ministro de Defensa, José Antonio Alonso, que irá al Parlamento para informar del atentado que el pasado 21 de febrero mató a la soldado gallega Idoia Rodríguez Buján, muerta al estallar un artefacto al paso de la ambulancia que conducía. Su explicación llegará cinco semanas después del asesinato, segundo sufrido por las tropas desde julio, cuando murió en un ataque similar el soldado de origen peruano Jorge Arnaldo Hernández Seminario.
El informe preliminar del Estado Mayor de la Defensa sobre el incidente señala que Idoia Rodríguez murió a causa del estallido de una mina anticarro compuesta por entre 6,2 y 6,9 kilos de explosivo, activada por presión y no por control remoto. El Gobierno se apresuró, al día siguiente del asesinato, en dejar claro que la activación del explosivo no fue a distancia, para conjurar las críticas que le lloverían por la falta de inhibidor de frecuencias en el vehículo que conducía la soldado fallecida.
