No habrá terrenos municipales para el geriátrico que pretende construir la Cocina Económica hasta que la entidad benéfica no aclare si obedecerá los condicionantes del legado de Bango, con el que se financiará el proyecto, y que obligan a que esa futura residencia sea utilizada sólo por ancianos españoles y no drogadictos. Si anteayer, tal y como adelantó EL COMERCIO, IU-BA anunciaba su veto a la permuta de terrenos municipales, 10.000 metros cuadrados de la parcela de la Pecuaria, en Somió, para la construcción del edificio que diseña la Asociación Gijonesa de Caridad, ayer el primer teniente de alcalde, el socialista Pedro Sanjurjo, anunciaba que no habrá permuta «mientras la entidad no aclare todos los términos del testamento de Bango, tanto la herencia en sí como los condicionantes que parece incluir».
Sanjurjo confirmó que la entidad se había puesto en contacto con el Ayuntamiento para permutar alguno de sus bienes a cambio de una parcela municipal, pero aseguró que no habrá acuerdo en firme «mientras no se sepa, exactamente, qué es de ellos y, sobre todo, que ocurrirá con el edificio una vez construido».
En opinión del concejal socialista, «no parece lógico aceptar algo inconstitucional y la discriminación a personas por su procedencia o estado de salud es una discriminación». Por ese motivo, como indicara previamente su socio de gobierno, el coordinador de IU-BA Jesús Montes Estada, «no es lógico que el Ayuntamiento participe en un proyecto que tienen aspectos inconstitucionales como es, repito, el hecho de que se impida el acceso a personas que no sean españolas o que sean toxicómanas».
Artículo 792
Mientras en el Ayuntamiento de Gijón los grupos de gobierno se posicionan ante el proyecto de la Cocina Económica, la entidad que la rige, la Asociación Gijonesa de Caridad, prefiere guardar silencio «hasta que se aclaren todos los términos del legado» y que los servicios jurídicos estudien si el testamento debe ser cumplido en su totalidad (obliga a destinar los fondos, unos 24 millones de euros, a la construcción del geriátrico citado) o pueden vulnerarse algunas de sus cláusulas, como es el rechazo de Bango a que se diera cobijo a mayores extranjeros y drogadictos.
En ese sentido, EL COMERCIO ha consultado a una experta en testamentos, Asunción Castro, quien explicó que, en principio, la Asociación Gijonesa de Caridad «debe cumplir la última voluntad del testador, que es muy libre de decidir qué se hace con sus bienes». Sin embargo, Castro indicó que existe un artículo en el Código Civil, el 792, al que podría acogerse «para poder llevar a cabo el proyecto del geriátrico sin vulnerar la Constitución». Dicho artículo indica que «las condiciones contrarias a la ley, como es esta, pueden ser incumplidas sin perjuicio para el heredero».
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