Ya he dicho que ésta es una sociedad enferma: de odios y de esclavitudes por el consumismo y por el qué dirán, pero también por confundir lo ético con lo económico y por camuflar lo que son meros intereses con la apariencia de no sé qué valores.
Hacía años que no veíamos a los trabajadores en manos de la Policía, incluso imputados como delincuentes, por defender puestos de trabajo, tal y como sucede con los sindicalistas Carnero y Morala, a punto de ir a la cárcel por desempeñar su función y por dejarse de las zarandajas con que se comportan los 'mayoritarios' para escurrir el bulto. Pero, pese a que revuelve las tripas el ver que se trata de semejante modo a dos personas honradas y luchadoras, de esas a quienes nuestra sociedad debería agasajar, pues no anda sobrada de ellas últimamente, el tema del que quiero hablar es otro.
Hasta tal punto ha llegado la posible criminalización de los obreros, pese a haber dejado bien atrás el siglo XIX, que, en Langreo, los operarios del servicio de aguas se encuentran ahora bajo la lupa de los Sherlock Holmes de turno de la comisaría correspondiente. Tendría su gracia si no fuera porque la gravedad del hecho supera cualquier tipo de broma. Parece ser que la gerencia (así se le llama hoy al patrón) de la 'Empresa de Aguas de Langreo' (el invento del PSOE langreano para que nuestra agua sea comercialmente explotada por una firma privada) ha denunciado a sus obreros por saboteadores, con el respaldo de la alcaldesa.
Pero ¿en qué país vivimos? ¿Cómo es posible que una acción que pretende envolver en la criminalización a toda una plantilla de trabajadores prospere y que la Policía, tan remolona a la hora de investigar otras cosas (esto lo sé por propia experiencia, pues hace seis años presenté una denuncia por daños en mi vehículo y de ella nunca más se supo), sea en esta ocasión tan cumplidora e interrogue a los funcionarios langreanos como si fueran una banda de rateros?
Por eso comprendo el cabreo que arrastra la plantilla municipal, y me parece perfecto que los representantes sindicales protesten por el trato denigrante que les dispensan y porque, al parecer, alguien ha vulnerado la ley de protección de datos. Y es que tomar lo particular por lo general revela una patronal mezquina, pero es algo despótico en lo que toca al ayuntamiento.
