EL auto de prisión para seis presuntos terroristas confirmó ayer judicialmente la relevancia de los arrestos y la importancia de las pruebas que confirman el propósito etarra de estar en disposición de volver a atentar. La operación permite concluir con absoluta certeza que ETA no cesó en ningún momento su actividad interna, el señalamiento de posibles objetivos, el acopio de los medios necesarios y la instrucción requerida para llevar adelante nuevos atentados. Es más, como en las dos anteriores treguas, son ya muchas las evidencias que apuntan a que aprovechó ese 'impasse' para recuperarse. Aunque, afortunadamente, resulta absurdo afirmar que hoy esté más fuerte que nunca.
Es evidente que éstos no son los acontecimientos que esperaba hace un año el Gobierno, que quiso ahuyentar con su voluntarismo los negros vaticinios que comenzaron a apuntarse a medida que ETA incrementaba su actividad y endurecía, junto a la izquierda abertzale, sus exigencias. Pero ahora resultaría temerario minusvalorar la amenaza. Porque incluso el matiz introducido por el director general de la Guardia Civil y la Policía, Joan Mesquida, señalando que el grupo desarticulado no contaba con órdenes para atentar, podía haber cambiado de signo en un segundo. Si la verificación material constata la existencia de medios humanos y de recursos dispuestos para proseguir con la violencia, la otra verificación, la de las voluntades, permite albergar los más oscuros presagios sobre a lo que ETA puede estar dispuesta. Y, por encima de todo, deja meridianamente claro a qué no está dispuesta. Si la Guardia Civil intervino fue probablemente porque no tenía garantía de que no fuese a cometerse un inminente atentado. Por maniquea que resulte la disyuntiva 'diálogo o derrota', ETA sólo reaccionará cuando carezca de la mínima expectativa de victoria. El Gobierno ha tratado de restar razones a la banda terrorista, para que las bases abertzales no pudieran admitir un recrudecimiento de su actividad. Pero ni siquiera la eventualidad de que la izquierda radical lograra sortear la Ley de Partidos para ir a las urnas, un objetivo que hoy obstaculizarán la Fiscalía y el Abogado del Estado, garantizaría el retraimiento etarra. Todo lo contrario, podría servir de acicate para que persevere en su chantaje.
