El coronel Fernando Aldea, ex jefe de la Comandancia de Oviedo, recogió en un informe todos los fallos cometidos en Asturias en la investigación del tráfico de explosivos antes de los atentados del 11-M. En ese documento que forma parte del sumario del juicio del 11-M, que ayer publicó el diario 'El Mundo', y que Aldea envió al subdirector general de Operaciones de la Guardia Civil, el general José Manuel García Varela, en agosto de 2004, detalla uno a uno los antecedentes que EL COMERCIO puso de relieve en numerosas informaciones. Aldea lanza su primera crítica contra el Cuerpo Nacional de Policía y, en concreto, se refiere a la 'operación Pipol', en la que Antonio Toro y José Emilio Suárez Trashorras fueron detenidos, pero no imputados por tráfico de explosivos, a pesar de que les fueron incautados 94 detonadores y 16 cartuchos de 'goma 2 ECO' en un garaje de Avilés.
Sobre las pesquisas de la Policía indica que «investigó la red de Toro y Trashorras sin resultado y, al parecer, cometieron una grave irregularidad que permitió que 200 kilos de explosivos no fueran incautados y que Toro y Trashorras no recibieran el merecido reproche penal». Y añade, además, que «nunca informaron a la Guardia Civil del resultado de esa operación (se refiere al hallazgo de explosivos que es competencia del instituto armado).
La segunda crítica se dirige a José Antonio Rodríguez Bolinaga, destituido jefe de la Comandancia de Gijón: «La Guardia Civil de Gijón investigó la misma red y menospreció la información obtenida por la Guardia Civil de Oviedo y se negó a integrarse en un grupo de trabajo mixto», recuerda.
Poco esfuerzo
La Guardia Civil de Asturias tampoco sale bien parada del informe. Según Aldea, el que fuera su superior, el ahora general Pedro Laguna, «tampoco valoró adecuadamente la información y se opuso a constituir un equipo de trabajo mixto».
La Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado se incluye dentro de sus denuncias. Según Aldea, «infravaloró la noticia y no dedicó recursos a una investigación que excedía el ámbito de Asturias y apuntaba a la delincuencia organizada, una actividad que entra de lleno entre las competencias de la UCO». Se refiere en este caso a las confidencias efectuadas por el marroquí Rafá Zouhier, al departamento que dirige Félix Hernando, a quien además acusa de mentir en la comisión parlamentaria del 11-M, «para desentenderse de las consecuencias» por su actuación previa al atentado.
También recibe un varapalo la Fiscalía de Asturias por «no indagar sobre los detonadores y explosivos hallados en 2001 y restar importancia a lo denunciado por el abogado de 'Nayo' en 2002». En este año estaba al frente de la Fiscalía del TSJA, Rafael Valero Oltra, hoy en la Fiscalía General de Estado, quien ordenó a la Jefatura Superior de Policía seguir el rastro de los datos aportados por 'Nayo', pero «como el monte era muy grande» no fue registrado al completo. Y ello a pesar de que el prófugo de la Justicia, huido por su implicación en la 'operación Pipol', aseguraba que había un zulo con 500 kilos de explosivos. El informe concluye con una cerrada defensa de su equipo de la Comandancia. Recuerda Aldea que «fuimos los sétimos en tener conocimiento del supuesto tráfico de explosivos y los que más intensidad pusimos en investigar. (...) La Guardia Civil de Oviedo investigó la red fuera de su ámbito territorial sin apoyo de nadie y compatibilizándolo con el trabajo ordinario de la Policía Judicial». «Eso sí -admite- sin resultado positivo».
