La Fiscalía General del Estado apurará hasta pasado mañana, último día, el plazo para impugnar las listas de Acción Nacionalista Vasca (ANV) que considere que tienen un «alto grado» de 'contaminación' por miembros de Batasuna, sus sucesoras y plataformas anteriores promovidas por la coalición ilegalizada. El equipo que dirige el teniente fiscal del Tribunal Supremo José Antonio Martín-Casallo «necesita todo el tiempo» porque está analizando «una por una» las 252 candidaturas del partido independentista para determinar si el nivel de 'infección' es «suficiente» para recurrir ante el alto tribunal.
Según fuentes del Ministerio Público, Martín-Casallo y sus expertos trabajan ya con once informes diferentes sobre ANV: cuatro escritos remitidos por las fiscalías de las tres provincias vascas y Navarra; otro documento elaborado por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, sobre los antecedentes penales de los promotores y responsables de la formación; el estudio 'unificado' elaborado por el mando único de las fuerzas de Seguridad, Joan Mesquida, para el juez Baltasar Garzón; un informe de la Ertzaintza, y cuatro atestados de los servicios de Información de Policía y Guardia Civil sobre la estrategia y antecedentes del partido y sobre los «perfiles» de sus candidatos.
El informe de la Unidad Central de Información (UCI) de la Policía sobre los antecedentes de los candidatos llegó ayer, a las 14 horas, por lo que el equipo de fiscales no pudo empezar hasta la tarde de ayer mismo a cruzar datos de los diferentes cuerpos sobre los nombres incluidos en los pliegos electorales de ANV.
Este arduo trabajo de «cotejo y filtrado», explicaron responsables del Ministerio Público, se ha convertido en el eje central de la investigación de la Fiscalía. Las fuerzas de Seguridad estiman que algo menos del 90% de las listas de ANV están «contaminadas» por el mero hecho de que en la plancha (incluidos los suplentes) aparezca una persona que ya formó parte de alguna lista ilegalizada.
Mucho más fácil resulta la detección de las 225 agrupaciones de electores promovidas por la ilegalizada Batasuna. En estos casos, la Fiscalía pedirá al Supremo su anulación, tanto por su alto grado de 'contaminación' como por el «hecho objetivo» de que se trata de plataformas avaladas por la coalición clandestina al llevar en su denominación las expresiones 'Abertzalen Sozialista', 'Ezker Abertzale' o 'Sozialista Abertzaleak', las palabras que los dirigentes de Batasuna anunciaron que identificarían a sus agrupaciones.
