El Gobierno y la Fiscalía General del Estado han optado por una aplicación rigurosa y jurídica de la ley de partidos políticos porque el objetivo último es evitar que Batasuna se cuele en el proceso electoral del 27 de mayo, no proscribir todo el sector sociopolítico que se identifica con la izquierda 'abertzale' vasca y navarra. Responsables del Ejecutivo y del Ministerio Fiscal explican que por ese motivo sólo se denunciarán ante el Tribunal Supremo las listas concretas que pretendan burlar esa norma, pero no se instará la suspensión de Acción Nacionalista Vasca (ANV), porque sería una decisión «política» que podría avivar el victimismo de los grupos más próximos a Batasuna e incluso alimentar a los sectores más fanáticos de la militancia etarra.
Las elecciones municipales del 27 de mayo han situado al Ejecutivo ante el «difícil» reto de evitar que Batasuna se cuele en las instituciones sin conculcar el derecho individual de los ciudadanos a optar a un cargo público, recogido en la Constitución. El PP sostiene que José Luis Rodríguez Zapatero deja pasar el tiempo para permitir que Batasuna burle la ley de partidos y participe en los comicios a través de ANV. Responsables de La Moncloa replican que su obligación es actuar sólo cuando existen certezas de incumplimiento legal y que, en caso contrario debe hacer prevalecer los derechos fundamentales.
El Ejecutivo, según las fuentes citadas, no quiere repetir el 'error De Juana Chaos', que fue el que cometió en enero de 2005 cuando el entonces ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, tomó la decisión de «construir nuevas imputaciones» para mantenerlo en la cárcel tras cumplir con la ley en la mano sólo 18 años de las milenarias condenas impuestas por sus crímenes. Ahora, ante una pena de sólo tres años de cárcel por amenazas no terroristas, es difícil frenar la catarata de críticas por las condiciones en las que el preso cumple esa segunda condena.
«Hay que tener mucho cuidado con este tipo de decisiones, porque luego tienen un sobrecoste», sostienen en el PSOE. Aquel retorcimiento de la ley debilitó al Estado, según el mismo análisis. La reciente concesión de la prisión atenuada a José Ignacio de Juana tuvo como telón de fondo, según fuentes cercanas al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, la convicción de que, si moría en la cárcel como consecuencia de su huelga de hambre, los terroristas actuarían contra «un objetivo concreto». La posterior desarticulación del 'comando Donosti' confirmó estas sospechas. Los investigadores ratificaron que el 'talde' tenía órdenes de atentar en ese supuesto. Su desmantelamiento no ha rebajado los temores del Ejecutivo a un nuevo atentado.
Rubalcaba confesó ante la dirección de su partido, el pasado lunes, su convicción de que Batasuna pretende utilizar ANV como tapadera para presentarse a las elecciones, pero, según fuentes socialistas, aseguró también que será complicado probarlo y que la ilegalización del partido presentaba demasiadas dificultades legales. Una semana después, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón vino a darle la razón al no encontrar pruebas en las que apoyar la suspensión de actividades de este grupo.
Rigor y legalidad
En este panorama, muchos socialistas defienden una «aplicación ajustada» de la ley de partidos. Defienden que «no se trata de ceder a chantajes, sino de hacer las cosas con rigor y de preservar la legalidad» para evitar errores que en el futuro haya que pagar más caros.
El Ejecutivo admite que podría tomar la «decisión política» de impugnar las candidaturas de ANV en bloque, como ya hizo el Gobierno del PP en 2003 con las listas auspiciadas por AUB. Entonces el Supremo tumbó 249 listas, pero luego el Constitucional permitió a 16 de ellas concurrir a los comicios. En esta ocasión, el gabinete de Zapatero rechaza esa fórmula.
El Gobierno asegura que sigue las pautas marcadas por el Constitucional en 2003 -anteriores municipales- y 2005 -autonómicas vascas-, que delimitan un cauce muy estrecho para privar a los ciudadanos que integran una lista electoral de su derecho fundamental a concurrir a unas elecciones.
