El Tribunal de Cuentas ha decidido intervenir en el caso de las facturas que dos ediles del equipo de gobierno popular de Coaña emitieron al Ayuntamiento por el suministro de material farmacéutico y de carpintería de sus negocios. El órgano judicial ha comunicado al Consistorio que ha decidido investigar el caso a raiz de la denuncia presentada el pasado 12 de marzo por el grupo municipal socialista.
Además, el Tribunal de Cuentas también investigará el destino «no justificado» del dinero percibido por el Ayuntamiento en el año 2000 por la venta de un inmueble municipal en Jarrio.
La notificación del inicio de diligencias fue emitida por el secretario del Tribunal de Cuentas el pasado día 17. Esta investigación se abre como consecuencia de una denuncia presentada por la portavoz del grupo municipal socialista, Trifina García, el 12 de marzo en el que advertía de una presunta «irregularidad» contable detectada en los presupuestos de 2000. Ese año, el Ayuntamiento vendió en subasta un edificio de propiedad municipal ubicado en Jarrio -donde se encuentra en la actualidad el tanatorio- por un precio de 55 millones de pesetas (330.000 euros).
En su denuncia, la edil socialista argumenta que el Ayuntamiento «debería haber empleado ese dinero en la construcción de viviendas protegidas o para la adquisición de patrimonio para uso social, tal y como establece la ley y como refleja el propio planeamiento urbanístico». No obstante, esos usos no se hicieron efectivos, ya que, como apunta Trifina García, «los propios presupuestos recogen una inversión para la adquisición de equipos y maquinaria a cargo del dinero obtenido por la enajenación de ese inmueble».
«20.000 euros»
El Tribunal de Cuentas también investigará otro hecho denunciado por los socialistas. Se trata de las facturas emitidas por dos concejales del actual equipo de gobierno del PP -el edil de Obras, José Ramón Pérez García, y la de Sanidad y Cultura, María Isabel Prieto Cigarrán, quien a su vez es esposa del alcalde, Salvador Méndez- por suministrar al Ayuntamiento material de carpintería y sanitario. La cantidad facturada por ambos concejales alcanza, según el grupo municipal del PSOE, «al menos, los 20.000 euros».
En la denuncia admitida a trámite por el órgano judicial se considera que la actuación de estos dos ediles supone un delito de «incompatibilidad» de funciones y se insinúa que que las facturas emitidas, sobre todo las que se refieren a material sanitario, «pueden ser falsas, ya que en ningún han presentado los artículos que se supone ha comprado el Ayuntamiento».
Entre los materiales suministrados por Cigarrán -propietaria de una farmacia y una ortopedia- aparecen desde vendas hasta una silla giratoria para bañera, una grúa eléctrica, dos sillas de ruedas y dos bañeras.
En la notificación del Tribunal de Cuentas se informa de que, «a la vista de la documentación presentada por la demandante» el órgano judicial oirá en el plazo de cinco días los argumentos que tanto el ayuntamiento como el representante legal del PSOE aporten.
