LAS espeluznantes imágenes de un céntrico edificio de viviendas de Palencia totalmente destruido, bajo cuyos escombros murieron nueve personas, se sumaron ayer a una sucesión de incendios fortuitos que en las últimas semanas han puesto en el primer plano de la actualidad los problemas de la seguridad doméstica. Aunque el precedente análogo más reciente de lo ocurrido en la calle palentina de Gaspar Arroyo tuvo lugar en noviembre de 2005 en Tarragona, con tres personas fallecidas, el suceso obliga a preguntarse si la normativa vigente es suficiente y su aplicación real la correcta a la hora de prevenir tales accidentes.
Hasta que la investigación oficial determine las causas y circunstancias del derrumbamiento de un inmueble de cinco plantas, su antigüedad no parece explicar la formación en su interior de una bolsa de gas ciudad como origen de tan tremenda deflagración. Esta clase de accidentes en edificios habitados, ya sean explosiones, incendios o hundimientos directos, pocas veces son consecuencia de la fatalidad o de factores totalmente ajenos a la acción humana.
Sin entrar en posibles negligencias imputables a obras de reforma, la mayoría de las veces las causas hay que buscarlas en deficientes instalaciones de servicios como el del gas o electricidad, malas condiciones de los aparatos domésticos y, sobre todo, en la falta de mantenimiento de las conducciones.
Aunque las compañías suministradoras son legalmente responsables de la instalación hasta el punto de enganche de gas o electricidad, están obligadas a exigir a sus clientes el cumplimiento de las condiciones de seguridad establecidas en la legislación. Normas que no siempre se siguen o cuya aplicación efectiva no es verificada con diligencia por las citadas empresas en el desempeño de su función subsidiaria de la Administración. Lo que unido a la ignorancia o irresponsabilidad de ciertos usuarios convierte cuartos de contadores, huecos de escalera, cocinas o baños en potenciales focos de accidente.
Esos riesgos son tan conocidos y se han sufrido tantas desgracias como la de Palencia, que la normativa oficial ha ido perfeccionándose, pero no tanto el celo de autoridades autonómicas y municipales por divulgarla y, sobre todo, por garantizar su cumplimiento en la cadena industrial y en la de consumo.
