El hoy coronel Fernando Aldea Juan aseguró en la comisión parlamentaria que investigó el 11-M que en 2003 su superior hizo «exactamente» «lo normal» con los datos que se manejaban entonces sobre el tráfico de explosivos. El mando al que se refiere Aldea es Pedro Laguna, entonces jefe de Zona de Asturias y hoy general jefe de la Zona de Castilla y León. En su comparecencia ante los diputados que dirigieron la investigación parlamentaria Aldea llega a asegurar que Laguna no restó importancia a las informaciones que llegaban por un lado de los confidentes y, por otro, de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que en la primavera de ese mismo año, 2003, también investigaba a Antonio Toro y José Emilio Suárez Trashorras por su presunta implicación en un entramado de tráfico de explosivos.
Fue el diputado Puig Cordón quien le preguntó directamente: «En la época en que usted es jefe de la Comandancia de Oviedo su superior era el general Laguna. ¿Le quitaron importancia sus superiores a esta información (hace referencia a una nota de la UCO en la que Rafá Zouhier denuncia a Toro y a Trashorras) y por tanto no mostraron un gran interés en continuar con la investigación?».
-«No señor», contesta Aldea.
Y el interrogatorio prosigue:
-Es decir, ¿se hizo el trabajo normal de investigación a partir de los informes que aparecieron y de las informaciones que ustedes estaban llevando?
-Exactamente.
Más adelante es el diputado Olabarría Muñoz, por el grupo parlamentario vasco PNV, quien insiste en esa idea:
-¿Apreció usted falta de interés en la investigación por parte del anterior ex coronel jefe de la Comandancia?
-No aprecio eso, lo que hacía era transmitir al coronel toda la información que íbamos recabando con el paso del tiempo.
El representante vasco le pregunta además si recibe instrucciones de «explorar en la investigación» y Aldea reconoce que sí: «Simplemente me indica que siga con la investigación, es la única instrucción que recibí».
Su declaración ante el Congreso tuvo lugar el 14 de octubre de 2004 y es posterior a un informe interno que redactó en agosto de ese mismo año y en el que denuncia los fallos cometidos en la investigación del tráfico de explosivos en Asturias anterior a la masacre. De Pedro Laguna dice que «no valoró adecuadamente la información y se negó a constituir un grupo de trabajo mixto». Sin embargo en su declaración ante el Congreso contó que a raíz de la información facilitada por un recluso de Villabona que señaló a Toro y Trashorras como traficantes de droga y explosivos «yo se lo trasmito a mi coronel, hay una reunión de las unidades orgánicas de las dos comandancias de Policía Judicial (Gijón y Oviedo) en la que se decide que con apoyos puntuales de la Comandancia de Gijón siga explotando esa fuente la Comandancia de Oviedo y eso es lo que hacemos».
Es entonces cuando irrumpen en escena los investigadores de la UCO que siguen la misma pista a través de un confidente marroquí hoy imputado en el 11-M, Rafá Zouhier. «Les decimos que nos hagan una nota con lo que saben que va sólo al destinatario de la Zona. El coronel, como ya sabe que las investigaciones están iniciadas en la Comandancia de Oviedo, hace una fotocopia y la remite a esa comandancia».
En su informe interno Aldea también señala los fallos cometidos por la Fiscalía al «no investigar» los cartuchos y detonadores aparecidos en el marco de la 'operación Pipol', y por otro, infravalorar las revelaciones de 'Nayo' al abogado Carlos Alberto Tejeda. Sin embargo, admite que uno de sus subordinados, el capitán Pedro Amable Marful, aportó a la Fiscalía de Avilés «de una manera informal» los datos que ya conocían sobre Toro y Trashorras. A preguntas de los diputados desmiente «totalmente» que el ministerio público fuera responsable por no controlar esa información: «Yo nunca he acusado a la Fiscalía de haber parado las investigaciones y creo que con los datos que nosotros presentamos actuó en consecuencia».
