Jueves, 3 de mayo de 2007
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El juez envía a prisión a Pedro Román por cinco delitos
El instructor imputa al ex teniente de alcalde los cargos de cohecho, blanqueo, delitos fiscal, fraude y contra la ordenación del territorio Se le interrogó durante cuatro horas sobre su relación con el ex comisario Florencio San Agapito y con el abogado Juan Hoffman
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El ex primer teniente de alcalde de Marbella Pedro Román volvió ayer a la cárcel, que ya conocía tras la prisión preventiva a la que estuvo sometido por el llamado 'caso camisetas'. En esta ocasión su regreso a Alhaurín de la Torre no está relacionado con su actuación como concejal en el Ayuntamiento de Marbella, por la que aún guarda cuentas pendientes con la justicia, sino por su presunta participación en la operaciones vinculadas con la red de blanqueo supuestamente diseñada por Juan Antonio Roca.

El juez instructor del 'caso Malaya', Miguel Ángel Torres, lo envió ayer a prisión tras imputarle cinco presuntos delitos: fraude sobre bienes públicos, blanqueo de capitales, cohecho, contra la ordenación del territorio y contra la Hacienda Pública. El fiscal había solicitado el encarcelamiento por riesgo de fuga y de oculltación de pruebas.

Su hija María del Pilar quedó en libertad sin fianza, pero deberá entregar el pasaporte y comparecer cada 15 días en el juzgado tras haber sido imputada en un delito de blanqueo de capitales. Pedro Román y su hija son los imputados 97 y 98 del caso abierto en marzo del año pasado con la detención de Juan Antonio Roca, Marisol Yagüe y varios ediles del Ayuntamiento de Marbella.

La prisión preventiva de Román, mano derecha de Jesús Gil durante las dos primeras legislaturas del régimen que llevó a Marbella a las páginas de sucesos, se fundamenta en el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas, un argumento que ha sido constante en los autos de encarcelamiento que desde hace poco más de un año viene dictando el juez Miguel Ángel Torres.

En esta ocasión, el magistrado no atendió a los requerimientos de la defensa de Román, que apeló a que se tuviera en cuenta la actitud del ex concejal de colaborar con la justicia, según explicaron fuentes judiciales.

Hay que recordar que Román y su hija fueron detenidos a pie de pista por miembros de la Udyco-Costa del Sol apenas descendieron del avión en el que regresaron de la ciudad suiza de Zúrich. Ambos fueron trasladados a la Comisaría Provincial de Málaga, donde pasaron la noche en calidad de detenidos para ser llevados a las diez de la mañana a los juzgados de Marbella.

Dos horas más tarde, Román abandonó el calabozo de la sede judicial para comparecer ante el magistrado que instruye el 'caso Malaya', que hace una semana había dictado una orden de detención en su contra.

Interrogatorio

El ex primer teniente de alcalde de Marbella prestó declaración durante unas cuatro horas. El interrogatorio giró en torno a su relación con dos de los últimos detenidos, el abogado Juan Hoffmann y el ex comisario Florencio San Agapito, según explicaron fuentes judiciales.

Ambos estarían implicados en la trama de blanqueo presuntamente montada por Juan Antonio Roca. No hubo preguntas acerca de la etapa de Román en el Ayuntamiento de Marbella, que no es objecto de la investigación que se sigue en el 'caso Malaya', precisaron las fuentes.

Al parecer, el ex teniente de alcalde fue interrogado por su supuesta participación en la sociedad Yambali 2000 S.L., actualmente en manos de otro imputado por la trama malaya, el promotor y empresario granadino José Ávila Rojas. Durante unos meses del año 2002, esta sociedad estuvo en manos del abogado Hoffmann, en prisión provisional por el 'caso Malaya', quien, según el juez Torres, «ha tenido una importantísima intervención en la creación y gestión de la estructura societaria internacional de blanqueo» para Juan Antonio Roca.

Tras el ex primer teniente de alcalde, prestó declaración su hija Pilar, quien compareció ante el juez durante una hora y media. El nombre de María del Pilar Román aparece en una de las sociedades que participaban en el madrileño palacio de Tepa, objeto de investigación en el 'caso Malaya', que fue vendido bajo intervención judicial en unos 30 millones de euros.

Al igual que su padre, ha quedado imputada, pero no tendrá que dormir en prisión.

 
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