La Fiscalía General del Estado y la Abogacía del Estado impugnaron a primera hora de la madrugada de ayer las 238 listas que Abertzale Sozialistak (AS) ha presentado en el País Vasco, Navarra y el Condado de Treviño para concurrir a las elecciones municipales del 27-M. Las dos instituciones pidieron al Tribunal Supremo que anule la totalidad de esas candidaturas porque «no son sino una estrategia del complejo Batasuna para quebrantar su ilegalización», en palabras de los letrados del Ejecutivo.
Los equipos de juristas del Ministerio Público y del Ministerio de Justicia, mientras tanto, continuaron trabajando durante toda la noche para ultimar las demandas que hoy presentarán contra un centenar de listas de Acción Nacionalista Vasca (ANV) por su «contaminación en puestos relevantes».
El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, insistió en que el Ministerio Público ha pedido anular «todas» las listas respaldadas por AS por entender que «continúan o suceden a los partidos ilegalizados Batasuna, Euskal Herritarrok y Herri Batasuna».
Conde-Pumpido calificó a las plataformas de AS de 'plan b' de Batasuna y explicó que su demanda, de 47 páginas, tiene un anexo con «miles» de documentos sobre los vínculos de estas listas con Batasuna, como resoluciones de la Audiencia Nacional, informes policiales y documentación incautada al último 'comando Donosti' de ETA. Se mostró también convencido de que esta argumentación será «una prueba suficiente» para que el Supremo cierre las puertas de las elecciones a Abertzale Sozialistak.
El fiscal general del Estado aprovechó para reprochar a Batasuna que haya forzado a la anulación de estas plataformas. «Batasuna conoce la ley. Bastaba con que repudiara la violencia», explicó. Conde Pumpido, en un tono muy duro, se anticipó a cualquier crítica de la izquierda abertzale. «Batasuna -insistió- ha tenido tiempo suficiente para rechazar la violencia y para presentar un partido conforme a la ley de partidos».
Batasuna las «dirigió»
En esa misma línea, el escrito del Gobierno, de cien páginas, insistió en que son «numerosas las actuaciones de Batasuna» desde que el Ministerio del Interior negó la inscripción del partido Abertzale Socialistas Batasuna (ASB) que «evidencian» que la coalición ilegalizada ha sido la que ha promovido las plataformas ahora recurridas.
«Todo el proceso de preparación, dinamización y dirección de las agrupaciones de electores de Abertzale Sozialistak ha sido llevado a cabo efectivamente por Batasuna», concluye la Abogacía del Estado, que recuerda al Supremo que así lo ha «acreditado» no sólo la Policía, sino «las manifestaciones de los dirigentes de la ilegal Batasuna» que, lejos de ocultar que promovían estas plataformas, han hecho llamamientos públicos para la recogida de firmas.
Además de las listas de AS, la Abogacía del Estado presentó también una docena impugnaciones contra candidaturas supuestamente independientes. El Gobierno, que ha estudiado 600 de estas candidaturas utiliza los mismos argumentos a pesar de no llevar en su denominación las palabras Abertzale Sozialistak, ya que en sus pliegos aparecen «personas muy vinculadas a Batasuna con fuerza suficiente para contaminar toda la candidatura», en palabras de Conde-Pumpido.
A los recursos contra Abertzale Sozialistak y las listas independientes se unirán hoy las impugnaciones de un centenar de candidaturas de Acción Nacionalista Vasca (ANV) en el País Vasco y Navarra.
Pese a apurar los plazos hasta última hora, Conde-Pumpido aseguró que los técnicos de su departamento sólo han encontrado 80 candidaturas «manifiestamente impugnables» entre las 256 listas del partido bajo sospecha, poco más de un tercio del total, aunque se mostró convencido de que el número de candidaturas recurridas finalmente será mayor. El fiscal general insistió en que en «absoluto» las impugnaciones se acercarán al «cien por cien» de las listas de ANV.
Mariano Rajoy da ya por hecho que Batasuna estará en las elecciones del próximo 27. El presidente del PP calificó ayer de «ineficaz» la decisión de la Fiscalía y la Abogacía del Estado y advirtió de que, si no se actúa contra el partido en su conjunto, se cometerá «fraude de ley».
