La portavoz del Gobierno vasco, Miren Azkarate, aseguró ayer que el proceso de anulación de las candidaturas de la izquierda 'abertzale' que están vinculadas a la ilegalizada Batasuna responde a «un cálculo electoral» de PSOE y PP e interpreta que la decisión del fiscal general del Estado de impugnar todas las agrupaciones electorales impulsadas por Batasuna y algo menos de la mitad de las listas de Acción Nacionalista Vasca (ANV) responde al temor de los socialistas a perder votos si esas candidaturas concurren a los comicios.
«El PSOE, por miedo a los réditos electorales que pueda sacar el PP, está dispuesto a comulgar con ruedas de molino», señaló la portavoz. Aunque Azkarate reiteró que el Ejecutivo vasco defiende que sea la propia Batasuna la que esté presente «sin ningún impedimento» en las elecciones del 27 de mayo, acusó a la formación proscrita de «esperar que los demás le hagan los deberes».
Azkárate lamentó la «poca autocrítica» del partido de Arnaldo Otegi y le recordó que «la principal piedra que le oprime es ETA, y no el resto de formaciones».
Más contundente fue el consejero vasco de Justicia, Joseba Azkarraga, quien sugirió que, si se aplicase el «bodrio» de la ley de partidos «hasta el límite» tendrían que ser investigadas otras formaciones como la socialista, «ya que en su seno puede haber gente que en su día perteneció a ETA político-militar y que después, de la mano de Euskadiko Ezkerra, se integraron en el PSE».
Pasar el límite
Azkarraga denunció que «se está yendo más allá de los límites de lo que permite el sistema de libertades y el Estado de Derecho».
Para Batasuna, tanto la impugnación de las listas de ASB y ANV como la investigación de sus candidatos suponen un «boicot» por parte del Gobierno a «unas elecciones libres» y a un «proceso democrático». Los miembros de la Mesa Nacional de Batasuna y candidatos de ASB, Jone Goirizelaia y Karmelo Landa, volvieron a vincular la presencia de la izquierda 'abertzale' en las elecciones con la posibilidad de encauzar un proceso de paz.
Tras afirmar que los comicios de mayo son «un paso en la solución del conflicto», ambos aseguraron que se ha producido «un reparto de papeles» entre PSOE y PNV: En su opinión, el Ejecutivo ha desarrollado «la escala represiva judicial y policial» y el partido de Josu Jon Imaz, «la demonización insistente de la izquierda 'abertzale'».
