Los trabajadores del hospital Grande Covián irán a la huelga si el Gobierno regional continúa defendiendo la integración del centro a través de la creación de un nuevo ente público que sustituya la actual fundación, una fórmula que entienden «lenta, compleja y poco eficaz, ya que pone en peligro la estabilidad laboral de la plantilla y la organización actual del centro».
El comité de empresa ha defendido siempre que sea el Servicio del Principado de Asturias (Sespa) el que asuma directamente la gestión del centro hospitalario a través de un convenio que implique la subrogación de la plantilla y que, incluso, permita que los empleados puedan optar a contratos estatutarios. Ante la negativa del Gobierno regional de acceder a la propuesta de los trabajadores y su intención de realizar un concurso público de empleo para la selección del personal, el comité de empresa ha decidido abandonar el próximo martes la comisión técnico-política -constituida a instancias de la Junta del Principado para la integración del centro en la red pública- si antes no se observa «un cambio de actitud» por parte del Ejecutivo regional.
Seguidamente, y con el apoyo unánime de la asamblea de trabajadores, comenzarán a perfilar el calendario de movilizaciones para forzar la integración del centro en la red pública a través de un convenio entre empresas que obligue a mantener la plantilla actual.
El comité explicó que pedirá consejo a los diferentes sindicatos que desde el principio han apoyado esta causa (Simpa, Satse, Sae, UGT y CCOO) para convocar la huelga en el momento más adecuado y reconocieron que en la actualidad no está decidido si se desarrollará «antes, o después de las elecciones». Lo que es seguro es que, después de recibir el apoyo incondicional de la gran mayoría de los trabajadores, «y, salvo que el día 8 de mayo nos den una sorpresa, iremos a la huelga con todas las consecuencias».
Informe jurídico
Para justificar su convocatoria, el comité insiste en que hasta el momento la mesa de negociaciones «no ha avanzado» y que desde el Ejecutivo regional «no se ha aportado nada». Incluso, aseguran que los propios representantes políticos han reconocido que la fórmula acordada en la Junta del Principado «no es la más sencilla».
El comité de empresa que encabeza Covadonga Tomé mantiene que ellos, por contra, ya han presentado a la mesa un informe jurídico que avala la viabilidad de la integración del hospital de Arriondas en la red pública a través de una subrogación de la plantilla. Un procedimiento que, añaden, fue utilizado el pasado 27 de abril por la Xunta Gallega para la integración en la red pública de seis hospitales gestionados por fundaciones.
Contratos
El ultimátum de los trabajadores para acudir a la huelga coincide, sin embargo, con la paralización de un proceso de consolidación de empleo por parte de la gerencia del hospital. El comité informó ayer de que doce personas que se encuentran en este momento con contratos «fraudulentos», y que ya habían recibido notificaciones por parte de la dirección del hospital para hacerles fijos, han sido informados recientemente de que esta mejora laboral está aplazada hasta el 9 de mayo. Precisamente, un día después de que se celebre la reunión de la comisión técnico-política en la que los trabajadores decidirán si ir o no a la huelga.
Este anuncio ha sido recibido por la plantilla como una amenaza ante la que, aseguran, no se amainarán. Recuerdan, incluso, que la primera movilización de los trabajadores de este hospital fue precisamente después de que el hospital despidiera de forma «improcedente a dos trabajadores» del centro que tuvieron que ser reincorporados a la plantilla.
Es más, aseguran que la huelga no será la única medida de presión que tomarán a partir de ahora. Los trabajadores «invitarán a los usuarios» a demandar donde proceda cada vez que los facultativos se vean obligados a trasladar a sus pacientes a otros hospitales «por falta de camas, porque requieren de un tratamiento que es muy caro y que este hospital no lo puede costear o, simplemente, porque no ofrecemos muchos servicios de los que sí disfrutan otros centros comarcales».
Otra de las medidas de presión a adoptar será reclamar por vía judicial «el pago de guardias y todo lo que excede la jornada de 37 horas semanales que, según el convenio de las fundaciones privadas, deberían pagarnos en concepto de horas extraordinarias». Unos sobresueldos que hasta ahora no han reclamado y que, advierten, «supondría un gasto difícil de asumir por la fundación».
