EL tercer informe del Panel Intergubernamental de la ONU sobre el Cambio Climático incide en los graves riesgos que entraña el calentamiento global, detallados en sus dos dictámenes previos, pero incorpora una cuantificación del coste que puede suponer empezar a atajar de forma realmente comprometida el deterioro medioambiental. El documento no sólo aventura la repercusión que tendría en el Producto Interior Bruto mundial esa estrategia, sino que la compara con lo que significaría perseverar en la inacción actual. Los expertos concluyen que el esfuerzo económico por poner remedio al intensivo desgaste que está sufriendo el planeta no sólo es asumible con los instrumentos tecnológicos disponibles, sino que resulta inferior al que habría que afrontar para corregir sus devastadoras consecuencias, lo que contraviene una de las principales excusas esgrimidas por los países más renuentes a encarar un problema de creciente magnitud. El informe dibuja tres escenarios hasta 2030, que mermarían entre el 0,2% y el 3% el PIB común en función de los niveles de concentración de C02 que se consideren soportables y la celeridad con que se decida contener la emisión de gases de efecto invernadero. El corolario de que en cualquier supuesto es menos gravoso actuar que no hacerlo no resulta novedoso en sí mismo. El reciente 'informe Stern' encargado por el Gobierno británico ya lo consignaba, al tiempo que advertía de que las decisiones que se adopten ahora serán determinantes para la supervivencia del planeta en la segunda mitad de este siglo y en el próximo.
Sin embargo, la imposibilidad de que el beneficio de ese combate se perciba a corto plazo y la constatación de que sus consecuencias más destructoras las padecerán generaciones futuras dificultan la concienciación política y social sobre el desgaste medioambiental. El documento de la ONU no propone soluciones imposibles, sino que sugiere iniciativas al alcance de la comunidad internacional; entre ellas, la contención del uso del carbón, el impulso a las energías renovables y a la utilización de la biomasa -lo que supondría un paradójico retorno a las materias vivas de las que se nutrió la humanidad hasta la industrialización-, la reducción de la deforestación o el consumo doméstico más conciente. El hecho de que se trate de medidas factibles apela a la responsabilidad de los Estados para incentivarlas, una exigencia que concierne también a España. Nuestro país debería destinar 8.000 millones de euros al año para luchar contra el cambio climático, una cantidad que duplica el actual presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente. Pero, a tenor de las conclusiones de Naciones Unidas, conviene que esa factura se empiece a encarar cuanto antes contribuyendo al tiempo y de forma decidida a los compromisos fijados por la UE, implicando al conjunto de administraciones públicas y sensibilizando a la ciudadanía.
