LA decisión del Tribunal Supremo de anular las 246 candidaturas de Sozialista Abertzaleak y la mitad -133- de las tramitadas por ANV supone la confirmación judicial de que las planchas suspendidas habían sido inspiradas por Batasuna. A la espera de los eventuales recursos ante el Constitucional, el fraude de ley pretendido por la formación ilegalizada ha quedado desbaratado, aunque no totalmente, sí en grado suficiente como para que los comicios y la democracia misma no se vean burlados. El auto deja aún más en evidencia las miserias de una izquierda abertzale que ha desplegado una ingente campaña de movilización para tratar de desbordar la legalidad, en una nueva tentativa de presentarse en igualdad de condiciones que las fuerzas democráticas mientras se resiste a desmarcarse de ETA. Ésa es una pretensión inaceptable. El hostigamiento etarra ha sido tan brutal que ni la sociedad ni las instituciones pueden arredrarse ante el matonismo.
Las fuertes limitaciones impuestas a la concurrencia electoral de la izquierda radical no obvian las intensas deliberaciones judiciales para superar la aparente incongruencia que supone instar la ilegalización de una parte de las listas de ANV sin hacer lo propio con el resto y con el propio partido. La solución dada por el Supremo subraya la contradicción entre la actuación que podría haber llevado a cabo el Tribunal en virtud de la Ley de Partidos y la limitada impugnación por la que optaron la Fiscalía y el Abogado del Estado. Pero esa disensión no puede desembocar en un nuevo enfrentamiento entre los partidos. En vísperas de la campaña, no sería justo para la ciudadanía ni sano para las instituciones que los comicios se vean condicionados por la diatriba sobre la presencia de la izquierda abertzale cuando ésta ha quedado cercenada por los tribunales. Insistir en esa disputa partidista constituiría el único triunfo que Batasuna está ya en condiciones de perseguir en estas elecciones.
