Construir alrededor de 90 pisos sociales de unos 85 metros cuadrados en pleno centro de Mieres y por menos de 20 millones de las antiguas pesetas. Esa esa la pretensión que la Federación de Vecinos de Mieres tratará de defender frente a la ministra de Vivienda, María Antonio Trujillo, durante su próxima visita al concejo. Ayer, el colectivo solicitó oficialmente la mediación del alcalde, Luis María García, para poder llevar a cabo ese encuentro.
De momento, la entidad pública empresarial del suelo (Sepes) ha rechazado la cesión de la parcela del Vasco-Mayacina donde se prevé la construcción de los pisos. El organismo explicó que el proyecto Viva garantiza «tanto la calidad de las viviendas a construir como los procesos para su adjudicación y venta», por lo que insta a la federación a «presentarse al concurso de adjudicación de solares» que se convocará, previsiblemente, este mes.
De acuerdo al sondeo que hace algunos meses realizaron los representantes vecinales, cerca de 600 vecinos optarían a uno de esos pisos. Más del 44% de los interesados tienen menos de 30 años.
El estudio de la demanda reveló, además, que más del 60% de los solicitantes estaría interesado en viviendas de tres habitaciones, de acuerdo a las preferencias que se plantearon en los registros de preinscripción provisional.
De ser aceptada su propuesta, los vecinos tendrían a su cargo la tercera promoción de viviendas -en régimen de cooperativa- en la céntrica zona del concejo donde, de momento, sólo están comprometidas dos parcelas para proyectos residenciales: los terrenos donde el Ministerio de Vivienda promoverá 84 pisos y el suelo que albergará las 50 viviendas para jóvenes previstas por el Gobierno regional, una finca cedida al Principado por el Ejecutivo central tras las expropiaciones de La Mayacina.
La intención de la federación es que las viviendas estén gestionadas, por un lado, por los propios cooperativistas y, por el otro, por un consejo asesor. Proyectos semejantes ya se han puesto en marcha en concejos como Langreo y Gijón.
Según han explicado los representantes vecinales, el pago de la entrada de las viviendas sería de 11.000 euros y los beneficiarios tendrían un plazo de dos años para liquidarlo. El resto del dinero -los pisos están valorados en unos 120.000 euros- se negociaría de manera particular. Los vecinos cifran el ahorro de optar a una de esas viviendas en aproximadamente un 20%.
