Ni él mismo ni sus padres pueden controlarlo. Una familia de La Calzada se debate entre la desesperación y el miedo ante los repetidos ataques que sufren por parte de su hijo, un deficiente mental de 24 años con trastorno de personalidad y alteración de la conducta. Según explicó a EL COMERCIO su madre, Dolores Chaves, el joven sufre con frecuencia ataques de ira que desembocan en graves agresiones contra sus familiares, desvalidos e impotentes ante este comportamiento. «Mide 1,80 y pesa más de cien kilos, tiene una fuerza descomunal y a veces no podemos sujetarlo ni siquiera entre dos personas cuando quiere pegar a otro».
Sus brotes violentos surgen «porque sí», apunta dolores. El joven «no admite límites» y oponerse a cualquiera de sus deseos repentinos puede derivar en agresiones en las que, a veces, ha llegado a utilizar incluso cuchillos de cocina. «No tiene capacidad para razonar las consecuencias de su conducta y en cuanto le sienta algo mal, se altera y ataca».
Este comportamiento ha venido complicándose en los últimos cuatro años, cuando el joven se encerró en casa y en sí mismo y perdió todo contacto con amigos y compañeros de estudios. «Después del colegio hizo un módulo de garantía social de Carpintería, pero desde que acabó las prácticas, sin trabajo ni nada, él mismo se ha ido marginando de todo». Actualmente solo se relaciona con su núcleo familiar, que es precisamente el único objeto de sus ataques. «Se ha dado el caso de que nos estuviera pegando y al ver que llegaba alguna visita se paró».
Después de cinco demandas civiles por agresión, y otras tantas intervenciones policiales que no derivaron en denuncia, esta familia de La Calzada logró al menos en marzo su primer objetivo: lograr que un Juzgado de Familia declarara a su hijo incapacitado, lo que permitirá que, pese a su mayoría de edad, sean sus padres quienes puedan tomar por él la decisión de internarlo. «Los jueces entienden el problema mejor que la Administración», señala.
Trámites difíciles
Tras la concesión de la patria potestad, sin embargo, comenzó una carrera de puertas cerradas que ha terminado por desesperar a Dolores. «Ahora no soy capaz de encontrar ningún centro que se haga cargo de él, bien porque no hay plazas o bien porque no cumple los requisitos que piden». Dentro del sistema público, explica, intentó internar a su hijo en un centro especial de Meres, en Siero, «pero me dijeron que sólo es para personas con incapacidades graves -la minusvalía reconocida de su hijo es del 33%- y sin familia». Su siguiente opción fue el Sanatorio Marítimo de Gijón, aunque, tras varios trámites de ida y vuelta entre la Consejería de Bienestar Social y la Fundación Municipal de Servicios Sociales, asegura seguir sin respuesta.
Dolores teme que su salida tenga que ser una sanidad privada cuyo coste se ve incapaz de asumir y que podría superar los dos mil euros mensuales. «No tenemos ese dinero», se lamenta. El último recurso, explica, sería denunciar a su hijo por la vía penal, algo a lo que se opone rotundamente. «En ese caso lo internarían en un psiquiátrico de Alicante con asesinos como el parricida de la katana. Él es muy inocente, como un niño pequeño, y una madre nunca podrá querer que lo metan en un sitio así. Aún a riesgo de que mañana me mate de una paliza». ivillar@elcomerciodigital.com
