El grupo municipal del Partido Popular (PP) de San Martín del Rey Aurelio está dispuesto a llevar ante los tribunales lo que han denominado como 'el caso Venturo', cargando todas las tintas contra el alcalde, el socialista Ignacio Fernández. Le acusan de «presunta prevaricación», según explicó ayer el presidente del PP en San Martín, Joaquín Fernández, quien afirmó no saber si el regidor «es tonto o, por el contrario, un listillo».
La «presunta prevaricación» de la que habla el PP está relacionada por la compra a Hunosa por parte del Ayuntamiento de terrenos en el pozo Venturo, del castillete de la mina, de un edificio, maquinaria de extracción y de dos locomotoras que ahora están ubicadas en Mieres y Langreo, una adquisición que levantó ampollas entre los alcaldes y un amplio sector social de esos municipios. Asimismo, se incluyen árboles y cierres.
Conforme al acuerdo firmado entre el Consistorio y la empresa pública, el concejo de San Martín desembolsará 2 millones de euros por el patrimonio industrial y por 40.000 metros cuadrados de suelo, de los que 15.000 pertenecían a particulares.
Según el PP, el Ayuntamiento no encargó una tasación de esos bienes y aceptó la cantidad reclamada por Hunosa, a sabiendas de que estaba «inflada». Joaquín Fernández indicó ayer que «el propio alcalde reconoció en el Pleno extraordinario donde se abordó este tema que la operación estaba inflada y que se hacía como compensación por la ayuda prestada por Hunosa para la instalación de la empresa cartográfica Venturo XXI». Una situación calificada desde el PP como «orgía administrativa en la que pierden los ciudadanos de San Martín y alguien tiene que ganar».
Plátanos a 18.000 euros
La empresa Hunosa tampoco se libró de las acusaciones del presidente del PP de San Martín, que opina que la hullera «pretende hacer caja» en el concejo. Para argumentar esta afirmación, resaltó que Hunosa «quiere que San Martín pague a 25 euros el metro cuadrado (de Venturo) y se quede con la chatarra», mientras que la escombrera de Pampiedra se vendió a un euro el metro cuadrado y, la de María Luisa, a menos de tres.
Fernández aseguró que se ha llegado a esta situación porque desde el Ayuntamiento no se ha seguido el procedimiento administrativo normal y no se ha elaborado ningún informe sobre la adquisición, dando por bueno el presentado por Hunosa «con unos precios increíbles, como plataneros a 18.000 euros o la compra de un castillete minero».
«Pelotazo» de la hullera
Fernández estuvo acompañado por el diputado en la Junta General del Principado Ramón García Cañal, quien denunció el «oscurantismo administrativo plagado de irregularidades» que el equipo de gobierno socialista ha utilizado en esta operación y «el pelotazo que Hunosa acaba de pegar en detrimento de los vecinos».
Fernández y Cañal denunciaron un caso paradigmático en esta operación, en la que se recoge un contrato con la empresa Transportes y Excavaciones González Laviana, a la que se le compraron aproximadamente 4.000 metros cuadrados de terreno «pagados a 21 euros». Pasado el tiempo, el empresario adquirió 2.000 metros en la misma zona, ya urbanizados, por los que «pagó el metro a 18 euros, tres euros menos de lo que cobró».
