Comisiones Obreras pidió ayer al Gobierno regional que salga de las urnas el 27 de mayo que constituya empresas con capital público dentro del sector industrial asturiano. La propuesta está recogida en un documento elaborado por el sindicato para potenciar en los próximos años el papel del sector en un momento en el que «hace falta un nuevo modelo productivo», distinto del actual, liderado por la construcción y los servicios. La intención de CC OO es que el informe -que se presentará a los partidos políticos- sirva de base para la negociación del próximo acuerdo para un pacto social que sustituya al ADECE, acuerdo que abordarán la Administración autonómica, la patronal y los sindicatos a finales del presente año.
El secretario general de CC OO en Asturias, Antonio Pino, es consciente de que la constitución de empresas con capital público en la industria va a generar, «a buen seguro, serias diferencias» en esa negociación.
Ahora bien, la central que dirige fue muy clara al respecto. Pidió la «participación directa de la Administración regional en el tejido productivo asturiano, mediante la creación de nuevas empresas de capital público en sectores estratégicos» para la economía regional. Según explicó Pino, ésta es una fórmula, pero tampoco hay que olvidar otra: «la participación indirecta, la entrada en el capital social de empresas de titularidad privada a través de los instrumentos de capital riesgo, como pueden ser la Sociedad Regional de Promoción u otros».
Otra de las propuestas más novedosas es la creación de un gran pacto entre las multinacionales y las pequeñas y medianas empresas (pymes) para que las primeras actúen de 'tractoras' y transfieran a las segundas sus capacidades «técnicas, innovadoras, organizativas y comerciales» con el fin de beneficiar y diversificar el tejido productivo. En este contexto, solicitó la mediación del Instituto de Desarrollo Económico del Principado (IDEPA) y apuntó que sería conveniente constituir «una dirección específica de relaciones con las grandes empresas de la región».
Esfuerzo en I+D+i
Antonio Pino señaló que éstos son dos «grandes retos políticos» en un momento en el que la globalización, la deslocalización, el protocolo de Kioto y el fin de las ayudas comunitarias amenazan a la industria asturiana, «un sector estratégico que supone el 22% del Valor Añadido Bruto (VAB) regional, da empleo a 77.925 personas y proporciona el 98% de los ingresos procedentes del exterior: unos 2.255 millones de euros», sin olvidar «sus efectos indirectos sobre el resto de los sectores y, muy especialmente, sobre los servicios».
Ante este peso y las amenazas que se ciernen, el representante sindical volvió a insistir en «la limitadísima implicación de las entidades financieras de ámbito regional», con especial énfasis en Cajastur, «que está haciendo un repliegue de su inversión con un Gobierno incapaz de evitarlo».
En todo este contexto y dadas las debilidades que presenta la actividad, como son una «insuficiente diversificación, poca madurez tecnológica y escaso valor añadido», CC OO exigió «un mayor esfuerzo presupuestario» para que en 2010 las actividades en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) supongan un 2% del Producto Interior Bruto (PIB) y que un 55% del gasto total provenga del sector empresarial.
Para CC OO, la apuesta por la I+D+i debe de ser uno de los cuatro 'ejes' de actuación de la industria, junto con «la difusión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) entre la población, una mayor formación y ajuste de ésta a los requerimientos del tejido productivo y la mejora de las infraestructuras de transporte y comunicaciones».
Con respecto a la formación, Pino insistió en la necesidad de conectar Universidad y empresa y adecuar la formación ocupacional, reglada, continua y universitaria a las necesidades empresariales, en un modelo de «aprendizaje permanente».
Entre las medidas dirigidas a mejorar las infraestructuras y comunicaciones, destacó la necesidad de ofertar más suelo industrial y propuso crear una red de ferrocarril en el centro de Asturias que «descongestione el tráfico rodado y haga frente a las necesidades de movilidad de pasajeros y mercancías. Debe conectar «ciudades, polígonos, puertos y aeropuertos», añadió.
