Una nueva familia que pide ayuda a las administraciones públicas y un nueva polémica que en este caso salpica a los servicios de salud del Principado. Dolores Chaves, la madre de un deficiente mental de 24 años que ayer daba la voz de alarma a través de las páginas de EL COMERCIO para denunciar los numerosos ataques sufridos por parte de su hijo, ha traído a la memoria el episodio vivido en el verano de 2004 cuando un perturbado asesinó a un niño en el parque de Isabel La Católica.
La falta de control de la enfermedad y la ausencia de la medicación requerida pueden motivar los comportamientos agresivos en el paciente y crear situaciones de peligro incluso para la propia familia. «Tienen que estar sometidos a un exhaustivo tratamiento médico que los mantenga controlados», apunta un portavoz de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social.
A la situación vivida por esta familia de La Calzada se incorpora una variable que no existía en los dos casos anteriores con los que guarda determinadas semejanzas. El niño obeso de Oviedo y la niña problemática del Cerillero no presentaban, según los expertos, enfermedad alguna. En el caso del joven de 24 años «no se pueden tomar medidas de acogimiento porque existe una enfermedad mental y no es competencia de los Servicios Sociales del Principado», tal y como apunta una fuente autorizada de la entidad.
«Se altera y ataca»
El afectado presenta trastornos de la personalidad y alteración de la conducta. Según apunta su madre, el joven sufre con frecuencia ataques de ira que desembocan en graves agresiones contra sus familiares. «No tiene capacidad para razonar las consecuencias de su conducta y en cuanto le sienta algo mal, se altera y ataca», destaca su progenitora, quien ha requerido la presencia policial en cinco ocasiones debido al violento comportamiento del enfermo. La intervención de las fuerzas del orden no derivó, sin embargo, en denuncias. Sí que lo hicieron a través de demandas civiles, con las que se consiguió en marzo que el Juzgado de Familia declarase a su hijo incapacitado, lo que permitirá que, pese a su mayoría de edad, sean sus padres quienes puedan tomar decisiones sobre su internamiento.
Su minusvalía reconocida es del 33%, «insuficiente», según portavoces de Servicios Sociales, «para que se produzca un internamiento». Los padres continúan ejecutando los trámites oportunos para que el Principado tome cartas en el asunto.
