La presencia o no de 133 de las listas de Acción Nacionalista Vasca (ANV) en el proceso electoral en ciernes se ha convertido en un galimatías procesal de dimensiones incalculables y consecuencias impredecibles que el Tribunal Constitucional intenta resolver contrarreloj para salvaguardar los comicios. En un intento de encauzar la situación, la Sala Primera del tribunal acordó tramitar el recurso del partido vasco como un recurso contencioso-electoral ordinario para recortar así los plazos y decidir el futuro de la formación antes de que comience la campaña.
La decisión de resolver el amparo de ANV conforme al trámite fijado en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General intenta cerrar todo el debate jurídico antes de las 24 horas de hoy. Ello conseguiría salvaguardar el proceso electoral y blindar la celebración de los comicios a posibles recursos posteriores del partido vasco, que vería así cegada cualquier posibilidad de reacción. La providencia dictada ayer por el tribunal explica que su acuerdo tiene como objetivo «la protección eficaz de los derechos fundamentales» apelados por la formación nacionalista, así como garantizar «la plena seguridad y certeza del procedimiento electoral en su conjunto».
Pero nada está asegurado. Lo que el Constitucional ha hecho es recoger el criterio de la Fiscalía General y de la Abogacía del Estado, que adujeron el artículo 49 de la Ley Electoral para denunciar las 133 listas de ANV que consideran 'infiltradas' por miembros de la ilegalizada Batasuna, pero acudieron a la sala especial del artículo 61 del Tribunal Supremo para que las candidaturas fuesen anuladas en virtud del artículo 12.3 de la Ley de Partidos.
El Supremo rechazó este modo de actuar con duras críticas a Fiscalía y Abogacía. Concluyó que no cabe el recurso contencioso, recondujo el proceso a la ejecución de la sentencia que ilegalizó Batasuna y extendió la suspensión de actividades a las 133 listas sospechosas. En consecuencia, ANV presentó un recurso de amparo ordinario, cuyos plazos de resolución se dilatan en el tiempo años.
La reconversión en recurso electoral de lo que llegó al Constitucional como un recurso de amparo ordinario contra una sentencia del Supremo no es pacífica. Al hacerlo en el momento de admisión a trámite, que se resuelve por medio de una providencia contra la que no caben votos particulares, ha provocado que dos de los magistrados de la sala, Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez-Zapata, hayan recurrido a un curioso sistema, por carta, para manifestar su «discrepancia».
