El Congreso de los Diputados aprobó ayer de forma definitiva, con la única oposición del PP, la nueva Ley de Suelo y, como acostumbra a suceder en los grandes proyectos legislativos, fue el propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien defendió la norma ante el pleno de la Cámara Baja.
El nuevo cuerpo legal «aumenta la transparencia para combatir radicalmente las irregularidades y la corrupción en el ámbito urbanístico», afirmó Zapatero. La ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, subrayó que a partir del próximo 1 de julio, cuando entre en vigor la ley, aumentará el porcentaje mínimo de pisos protegidos y mejorará la transparencia en los ayuntamientos.
La celebración el mes que viene de elecciones autonómicas y municipales, y los acontecimientos vividos en algunos ayuntamientos como el de Marbella, han hecho que la que se concibió como una ley para fomentar la vivienda protegida nazca como el 'antídoto' contra la corrupción urbanística. La mayoría de los elementos dedicados a frenar la especulación se han incorporado a lo largo de la tramitación parlamentaria, fruto de un alto grado de consenso. Entendimiento que alabaron tanto Zapatero como la ministra Trujillo y que sólo rompió el Partido Popular, que mostró su «rechazo frontal» al texto final.
Precios
En su exposición, el presidente del Gobierno aseguró que la Ley de Suelo es una norma «a la medida de los ciudadanos» que integra «el legítimo interés particular en el interés general». A su juicio, «(la ley) cambiará las condiciones en las que se ha desarrollado hasta ahora una actividad del mayor interés para la vida cotidiana de las familias españolas». Tras la votación del proyecto, María Antonia Trujillo explicó que la ley «es para todos los ciudadanos y no sólo para los propietarios».
José Luis Rodríguez Zapatero insinuó que la norma servirá para atemperar el encarecimiento de la vivienda. «Con los instrumentos de esta ley tenemos que frenar una espiral de precios desorbitados que se ha vivido en los últimos diez años», afirmó. El presidente hizo especial hincapié en el deber de las administraciones de terminar con la «anomalía» de la gran cantidad de pisos desocupados. Los últimos datos oficiales cifran en tres millones el número de casas vacías en España. La nueva regulación termina con el actual sistema, en el que todo suelo es urbanizable salvo los especialmente protegidos. Un planteamiento que Zapatero criticó por cuanto «acaba siendo el desorden en todo el urbanismo y la mayor tentación para la especulación y las irregularidades». A partir de julio, los terrenos que hayan de expropiarse se valorarán en función de su situación real y no en función de expectativas como la posibilidad de que en el futuro estén cerca de un desarrollo urbano, de una estación de tren o de una carretera. Esto, dijo el presidente, desincentivará la especulación.
Incompatibilidades
En el plano municipal, la ley introduce varias novedades destinadas a aclarar al máximo los procesos urbanísticos y, sobre todo, la participación de los alcaldes y concejales en los mismos. Se les aplicará un régimen de incompatibilidades muy estricto. «Todos los instrumentos se han introducido para que usemos las administraciones a favor de los ciudadanos, preservemos paisajes cuidados, aseguremos honestidad en la gestión y multipliquemos las oportunidades para los jóvenes», concluyó Zapatero.
El resto de grupos parlamentarios se felicitaron por la aprobación de la ley pero recordaron que no acabará con los problemas de la vivienda. IU-ICV apuntó que es sólo un primer paso en la lucha contra la «predación del suelo» y el BNG recordó que «no es una barita mágica». PNV y CiU, por su parte, instaron a las Administraciones regionales y locales a «ponerse las pilas» en la aplicación de la norma.
