LA comparecencia ayer de Arnaldo Otegi, pronunciándose en contra de la sentencia del Tribunal Constitucional que anula todas las candidaturas de AS y 133 de ANV, constituye un nuevo ejercicio de suplantación por parte de los líderes de la ilegalizada Batasuna de los integrantes de las listas cuya legalidad han reivindicado negándose a cumplir con lo previsto en la Ley de Partidos. En su calidad de portavoz de lo que el propio Tribunal Constitucional ha denominado 'complejo Batasuna', Otegi evidenció una vez más la contradicción irresoluble que se produce entre el empeño de los abogados abertzales por sortear las trabas judiciales y el hecho de que los integrantes de la Mesa Nacional continúen encarnando la representación última de sus plataformas satélites. Es un sarcasmo que los protagonistas del diabólico doble juego que supone recurrir a los derechos y libertades mientras se brinda cobertura pública al terror descalifiquen las resoluciones judiciales como emanación de una pretendida confabulación política. La afirmación de que las sentencias judiciales derivan de una maniobra del PSOE y del PNV para dar «un portazo al proceso» permite a Otegi soslayar descaradamente que fue ETA la que lo reventó con el atentado de la T-4.
La asunción de aquel atentado por parte de la izquierda abertzale dejó ya hace tiempo al descubierto la falacia que la manipuladora retórica de Otegi trata de ocultar. Que no es otra que la voluntad de mantener el pulso al Estado democrático, forzando resoluciones políticas o judiciales en contra de los intereses de Batasuna y de su entorno, para lograr excusas a fin de diluir la responsabilidad exclusiva de ETA y su propia incapacidad para desmarcarse de la banda. Y es la persistencia del terror organizado lo que transforma las advertencias de Otegi en una abierta amenaza. Ayer mismo, el dirigente de Batasuna sugirió la continuidad del «conflicto político y armado», cuya sola mención constituye un gesto propicio al hostigamiento y a la violencia sectaria. En su sentencia, el Tribunal Constitucional admite que podría haber resultado «desproporcionado» promover la ilegalización de ANV, pero también constata que los poderes públicos no podían dejar de reaccionar ante su eventual maniobra fraudulenta. Esos mismos poderes deben garantizar ahora la limpieza de las elecciones y cumplir con el compromiso, reiterado ayer por el Gobierno, de que se mantendrán vigilantes ante posibles nuevos intentos de subvertir el Estado de Derecho.
El hecho de que la propia ANV haya anunciado que promoverá el voto con sus papeletas también allá donde sus candidaturas han sido invalidadas, fomentando así los nulos, demuestra hasta qué punto el 'complejo Batasuna' persiste en dar la razón a los tribunales.
