El vocal del Consejo General del Poder Judicial, Agustín Azparren, resaltó ayer en Oviedo las ventajas del proyecto de una Ciudad de la Justicia, que reúna en un complejo los órganos judiciales que ahora están repartidos por la ciudad. La propuesta llegó de Izquierda Unida. El consejero de este área, Francisco García Valledor, anunció la iniciativa con fecha -las obras comenzarían al inicio de la próxima legislatura- y ubicación, en Buenavista.
Azparren destacó que «en casi todas las capitales españolas ya se están llevando a cabo proyectos de este tipo. Concentrar todo en un mismo órgano es más cómodo para los ciudadanos y los profesionales». Sin embargo, no quiso valorar dónde debería construirse: «Que sea o no en Buenavista depende ya de otros muchos factores». Además, puso como ejemplo «algunos proyectos espectaculares que ya existen, como el de Madrid, que sigue una tendencia que se está afianzando en todo el país».
Acuerdo
El vocal del Consejo General del Poder Judicial hizo estas declaraciones durante la firma de la prórroga del convenio del Punto de Encuentro Familiar, con el Ayuntamiento y la Asociación Asturiana de Alternativa Judicial.
En lo que a él respecta, el consejo «colaborará en el desarrollo del programa mediante todas aquellas actuaciones que pueda impulsar dicha instancia, canalizando las relaciones con los Juzgados que conozcan los procedimientos en los que es susceptible de ser tomado en consideración».
La aportación consistorial se cifra en 14.042 euros. Junto con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, las instituciones públicas financian el alquiler del local, su mantenimiento y el personal del centro.
1.500 intercambios
Durante el año pasado, el Punto de Encuentro Familiar sirvió de escenario de 1.504 intercambios y 802 visitas tuteladas, según un informe remitido por la Asociación Asturiana Alternativa para el Menor al Ayuntamiento. El colectivo desarrolla desde 2001 este programa de encuentro entre menores y sus progenitores, que son atendidos por profesionales y garantizan la seguridad del menor y del padre o madre vulnerable.
En 2006 hubo 121 entrevistas iniciales, de las que 46 fueron a menores, 38 a familiares que viven con los niños y 37 a aquellos que conviven fuera.
