PUEDE decirse que la cita electoral del 27 de mayo posee matices superadores de la estricta llamada a las urnas para renovar la Junta General del Principado y los ayuntamientos. Desde el punto de vista más cercano, será una nueva piedra de toque para calibrar el grado de compromiso de las distintas opciones ante los intentos de postergación de Gijón, ciudad-estado de hecho, en la periferia de la periferia, por imposición de las circunstancias históricas.
No se trata de instalarse en el victimismo gratuito, sino de demandar una actitud inequívoca, suprapartidaria, sin tibiezas, frente a la voracidad del centralismo enfermizo. El torpedeo contra la domiciliación del Consejo Consultivo en Cimadevilla, y la irracional resistencia al desdoblamiento de la Audiencia Provincial y a la extensión de la Universidad revelan los perfiles de la oposición atávica y beligerante contra cualquier paso en dirección a la mínima desconcentración de las administraciones. Es una actitud activa, permanente, de bloqueo a las aspiraciones legítimas de la principal ciudad de Asturias en términos demográficos y económicos.
Sin cuestionar la capitalidad, conviene recordar que el cuantioso drenaje de recursos públicos por esa condición permite el uso torticero de los resultados para alardes de progreso y prosperidad que solo tienen causas exógenas. Sin menoscabo de la solidaridad intrarregional, Gijón no puede volver a sufrir expolios como los de sus derechos de entidad cofundadora de la Caja de Ahorros de Asturias. Es lo que debe quedar claro ante el 27-M. En Gijón y en Oviedo.
