Vender o comprar una casa desde el pasado 1 de enero puede resultar más oneroso para el bolsillo de quienes residen en España, tras la decisión del Gobierno de encarecer la tributación de las plusvalías inmobiliarias. La 'letra pequeña' de la reforma del impuesto de la renta (IRPF) -tanto de la ley como del reglamento que la desarrolla- incluye una modificación técnica que permite considerar la compraventa de pisos, chales y similares como una actividad económica más, lo que en la práctica supondría duplicar con creces la suma que ahora se debe pagar a Hacienda por este tipo de operaciones.
Los asesores fiscales, por su parte, ya han advertido de los riesgos jurídicos que conlleva este cambio, que va en línea con la interpretación que la Dirección General de Tributos realiza desde hace bastante tiempo cuando se le consulta sobre cómo ha de computarse a esos efectos una operación inmobiliaria. Dado que las plusvalías que ahora se generan en este sector son 'ingentes' y la nueva redacción legal no es precisamente ni profusa ni precisa, los expertos esperan que se produzca un crecimiento importante en los litigios entre Hacienda y los contribuyentes.
Hasta ahora, se consideraba que cualquier compraventa de inmuebles entre particulares se derivaba sin más de su ahorro y sólo generaba ganancias patrimoniales.
Para que estas operaciones fueran tratadas como cualquier otra actividad económica era preciso que algunas de las partes dispusiera de un local y, al menos, un empleado, lo que indicaría que funciona como una empresa. Desde principios de año se ha eliminado esa distinción, de manera que habrá que analizar 'caso por caso' el objeto de cada operación.
