Hay días que parece imposible que a Asturias se la trate peor, a pesar de lo que nos diga la vicepresidenta De la Vega, que, además, presume de asturiana y de traer cosas a Asturias. Cuando uno piensa en una región símbolo de las reconversiones mineras con su séquito de despidos, jubilaciones, cierres y desertización industrial, piensa en Asturias. No sólo en España, a pesar que los mineros de León o de Teruel hayan pasado también lo suyo, sino en el conjunto europeo donde los conocidos ejemplos de cierres mineros del Sarre, Lorena, Gales o Silesia no superan la carga dramática que el declive de la minería asturiana ha traído consigo. En una región como la nuestra, en la cual el empleo en su industria pública minera se ha dividido por 10 en un abrir y cerrar de ojos. En unas cuencas mineras en las que se pierden empleos, producción, empresas, comercios, servicios y, finalmente, población, particularmente la juvenil, la que no tuvo tiempo de llegar a la prejubilación. Sólo es necesario leer el censo de los grandes concejos mineros para percibir la medida del declive. San Martín del Rey Aurelio perdió casi el 40% de su población; casi 20 mil personas menos, desde 1980 hasta ahora. En una generación. Y en las cuencas se trasmite por todas partes el mismo mensaje de socorro: nos despoblamos.
Aún así, hay que reconocer que hasta ahora todas las fuerzas políticas con responsabilidad regional o nacional han hecho bandera de la defensa del carbón asturiano. Las reconversiones y cierres no eran un capricho, sino una necesidad dictada por la realidad económica y los compromisos de protección de la competencia que nos marcaban las autoridades comunitarias, compromisos que cualquier gobierno responsable (que haberlos los hubo, no se crean ustedes) se veía forzado a asumir.
El carbón asturiano siempre tuvo sobre sí pesadas hipotecas y enemigos poderosos. Un elevado coste de extracción, una difícil comercialización exterior, un escaso rendimiento energético, una industria privada ahogada por el exceso de lo público. Y entre sus enemigos, comisarios europeos, como Pedro Solbes, todo hay que decirlo, que en los momentos quizá más decisivos para la supervivencia del sector se pronunciaron claramente por el cierre total.
La también comisaria entonces, Loyola de Palacio, consiguió extender el famoso Reglamento 1.407 de ayudas estatales a la industria del carbón hasta el año 2010. Ahora comprendemos plenamente el aire que al carbón asturiano le dio aquella decisión. Aunque después los compromisos de Kioto y el calentamiento global sofocaron aún más la respiración de los mineros.
Pero por primera vez y a pesar de los eternos nubarrones sobre las minas asturianas, por primera vez, se abría paso un rayo de luz. Asustadas por la falta de autonomía energética europea, las autoridades comunitarias lanzaban una serie de propuestas contenidas en un documento llamado 'Emisiones cero para el carbón'. La Comisión reconocía el importante papel del carbón para la garantía de suministro energético en la Unión, ya que los combustibles fósiles -y particularmente el carbón- suponen el 50% de la electricidad que consumimos.
Las novedades de esta nueva estrategia energética de la Unión Europea son importantes. Se reconoce por primera vez que el carbón debe seguir formando parte del abastecimiento energético europeo y por primera vez el coste del carbón pasa a ser una variable secundaria. La Comisión Europea es consciente del impacto ambiental de la generación eléctrica a partir del carbón, por lo que propone la introducción de las llamadas tecnologías limpias del carbón: la captura de CO2 y su almacenamiento, evitando así la práctica totalidad de la emisión de gases de efecto invernadero provenientes del uso del carbón.
Más aún, la Comisión Europea tiene previsto elaborar una legislación para que en un plazo de 10 años, y siempre antes del 2020, las centrales térmicas incorporen obligatoriamente estas tecnologías limpias. El coste actual de incorporación de la tecnología limpia supone 70 euros por tonelada. Es muy alto, pero con una rapidísima tendencia a la baja. Para empezar, la Comisión propone que se establezcan entre 10 y 12 centrales de demostración de estas tecnologías repartidas por territorio comunitario. Bruselas colaborará con los Estados miembros para buscar el mejor emplazamiento. Este plan incluye la participación activa de las empresas energéticas y la plena implicación de los Estados miembros. Habrá ayudas financieras del presupuesto comunitario y la idea es que las centrales estén a pleno funcionamiento en el 2015. No se descarta que se puedan financiar también con cargo a los Fondos Estructurales y los de Cohesión.
Rápidamente, el grupo popular en el Parlamento Europeo vio la ocasión. Presentamos una resolución solicitando a la Comisión Europea que una de esas centrales se encaminase hacia España, hacia una zona con vinculación histórica con el carbón, que estuviese afectada por la reconversión minera y que hubiese sufrido pérdidas recientes de Fondos Comunitarios. Salvo añadir que la gaita fuese el instrumento musical tradicional de dicha zona y que la sidra fuese su bebida característica, no se podía identificar más esa zona con Asturias y sus concejos mineros. La resolución se ha incorporado a los informes del Parlamento Europeo y será discutida el próximo mes de junio.
Pues bien. No vendrá a Asturias. Irá a Ponferrada por intervención directa de Rodríguez Zapatero y por omisión directa de Álvarez Areces. Y a pesar de las buenas palabras del ministro Clos o las temerarias declaraciones de la vicepresidenta. No sirve el hecho de que toda la región asturiana se identifique con la producción de carbón a diferencia de nuestros amigos castellano-leoneses. No basta que en Asturias existan maravillosos proyectos de captura de CO2 en el Instituto de la Minería o en las empresas eléctricas. Al final, todo eso pesa menos que un cálculo político interesado. No importa. Asturias tendrá su central de tecnología limpia. Esa central se construirá con los ladrillos de la razón y las vigas de la historia. Asturias será puntera en la tecnología limpia y Bruselas financiará esa planta. Recuerden ese compromiso. Es de ley.
